AA: la deuda que asumirá el Estado levanta vuelo
Es 411 millones más que la oficial, y asciende a u$s 1.301 millones. Representa tres veces y media el gasto de Ciencia y Tecnología. Jorge Lanata.
Durante 2008, el Estado ya lleva gastados en Aerolíneas y Austral $587 millones, según datos oficiales de la Auditoría General de la Nación.
La deuda real de Aerolíneas a septiembre, cuando se convierta formalmente en una empresa del Estado (aunque en verdad, como veremos más adelante, ya lo es), no será la anunciada de 890 millones de dólares sino de 1.301 millones, el equivalente al doble de los planes Jefes de Hogar que en el presupuesto 2008 atienden a un millón de personas desocupadas y con bajos ingresos. Si lo comparamos con el presupuesto nacional de salud, la deuda de Aerojaimito supera al total del gasto de la Argentina.
Marsans asiste al debate parlamentario en silencio: tienen un compromiso de Jaime y del presidente K de respetar a rajatabla el acta acuerdo que se supone suspendida: el dinero público de la Argentina pagará lo que haya que pagar, sin hacer preguntas. El lobo cuidará como debe el gallinero.
AFINANDO EL LÁPIZ. “El punto acta acuerdo firmado por el gobierno con el grupo Marsans –escribió Alcadio Oña en Clarín el pasado 27 de agosto– desapareció en Diputados, pero no se incorporó otro que anulara el arreglo. Una primera conclusión es que el acta sigue vigente. Y la segunda, que de ella pueden tomarse los españoles para pleitear contra la Argentina. Más aún si se trata de un compromiso firmado por el secretario de Transporte “en representación del Estado nacional” y refrendado por el ministro de Planificación”.
El 18 de septiembre, cuando finalmente el Estado se convierta en propietario de Aerolíneas Argentinas, la deuda anunciada oficialmente por Ricardo Jaime será aún mayor. Crítica de la Argentina accedió al contrato firmado entre la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y Marsans por la compra de Aerolíneas: allí se estipula en la cláusula décima, apartado B, inciso 2, referido a la Pérdida de Mayoría: “Si el comprador (Marsans) dejase de ostentar directa o indirectamente el 51% del capital social de cada una de las sociedades cesará automáticamente la responsabilidad del vendedor al amparo de la presente estipulación”.
En el apartado 1 de esa cláusula dice claramente que la SEPI respondería por las reclamaciones de terceros anteriores a la formalización del traspaso. Cuando en 2001 se vende la empresa, quedan en proceso todo tipo de demandas judiciales contra Aerolíneas, una de ellas iniciada por la AFIP por implantar el sistema operativo Amadeus (uno de los sistemas más importantes del mundo para venta de pasajes, con presencia en 192 países) de modo fraudulento.
En su momento Iberia trasladó gratis el sistema a Aerolíneas, como si ambas empresas fueran lo mismo; la AFIP intervino levantando un acta de sanción porque la utilización e instalación del sistema debía pagar impuestos. La justicia comercial falló en primera y en segunda instancias en contra de la empresa, y actualmente el caso está en la Corte, aunque se sabe perdido.
Los intereses de esa demanda aumentan la deuda en unos 50 millones de dólares. Dentro de los pasivos contingentes también se encuentran procesos judiciales originados en la mayoría de las provincias que reclaman desde los años 90 el pago del impuesto a las Ganancias por la venta de pasajes, casos que se saben ya perdidos dentro de la compañía y costarán unos 70 millones de dólares al nuevo propietario, ya que la SEPI deja de responsabilizarse por estas causas judiciales desde el momento en que Marsans pierde la mayoría. Otro proceso en trámite, mucho más nuevo, es una denuncia por sobreventa que según el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, fue avalada por el Estado.
Son 140 millones de dólares más, ya que Aerolíneas emitió miles de pasajes sin tener su flota en condiciones para cubrir esos servicios: la compañía necesitaba “hacer caja” y el resto pasó a segundo plano. La causa penal por esta malversación tramita en el juzgado de Daniel Rafecas. Otro litigio reciente surge a partir de un pronunciamiento de la Corte que esta semana resolvió un caso iniciado en 2002 cuando se devaluó la moneda y las aerolíneas con vuelos internacionales demandaron al Estado contra la validez del decreto 577/2002, que estableció en dólares el valor de las tasas que las compañías pagan por usar los servicios del aeropuerto.
La Corte falló a favor de Eurnekian dando por válido el decreto en un fallo con mayoría ajustada, avalando la dolarización automática de las tasas. Tres jueces (Argibay, Petracchi y Fayt) votaron en disidencia, afirmando que no se pueden elevar las tasas sin el aval del Congreso, que aún no fue comprado (en su totalidad) por Eurnekian. El devenir de la causa motivó que al menos hasta 2006 Aerolíneas pagara las tasas pesificadas, incluyendo las de “aterrizaje”, “estacionamiento de aeronaves”, “uso de pasarelas telescópicas”, “protección al vuelo en ruta” y “apoyo al aterrizaje”.
El martes a la tarde los auditores de la empresa calculaban en unos 50 millones de dólares su deuda con Aeropuertos después del fallo de la Corte. A este subtotal faltaría sumarle la deuda que el grupo Aerolíneas-Austral tiene con el propio Estado por los millones que recibió después de la firma del acta acuerdo: en el informe de Jaime al Congreso se dieron a conocer las transferencias del primer semestre, pero ayer, con datos aportados por Julio Alak, antes director por el Estado y ahora director general transitorio, se supo que el Gobierno giró fondos por 101 millones de dólares, a un promedio de 2,3 millones por día.
Esos aportes no fueron a cuenta de la futura compra de acciones, sino como gastos para que la empresa pudiera seguir volando. Ese solo flujo de gastos y la demora en establecer el precio de la trasferencia de acciones ya empujó la gestión del Estado hasta fin del año. Es lo que también espera Marsans, que contempla la idea de la quiebra como la peor de las opciones: traería con ella desprestigio internacional y la posibilidad de que algunos acreedores argentinos llegaran a España a pedir por lo suyo.
En términos jurídicos, el Estado puede inyectar fondos por distintos caminos: como aporte irrevocable a cuenta de capital, como accionista o como prestamista, en cuyo caso es acreedor como cualquier particular. Estos 101 millones de dólares anunciados por Alak ingresan a la empresa en condición de préstamos y se acumulan a la deuda general. De modo que el pasivo de la futura empresa asumido por los impuestos de los argentinos no será de 890 millones de dólares, sino de 1.301, cifra de surge de sumarle los 411 millones más ya detallados. Tres veces y media el presupuesto total del Estado para mantener el Ministerio de Ciencia y Técnica.
UN POCO DE HISTORIA. Cuando el gobierno de Aznar decide privatizar Iberia excluye a la vez a Aerolíneas de esa oferta y deja a la compañía de bandera argentina bajo la órbita de la SEPI. El vaciamiento de Aerolíneas por Iberia, así, quedó impune. La SEPI se decidió entonces a vender Aerolíneas bajo las órdenes del famoso Plan Director, un ajuste violento que achicara al mínimo el déficit operativo de la empresa. Sucedió entonces aquel escándalo del “Salvemos Aerolíneas”, durante la gestión de De la Rúa.
España advirtió entonces que el conflicto iba más allá y afectaba el resto de las relaciones bilaterales, y Aerolíneas se convirtió en un asunto de Estado. Un íntimo amigo del ministro de Economía Rodrigo de Rato, Gonzalo Pascual, de Marsans, aparece entonces en escena. El contrato nunca se hizo público, pero se supo que Marsans asumía la deuda de la compañía con el compromiso de la SEPI de pagar 758 millones de dólares durante cinco años. Se agrega en ese contexto a la compañía Antonio Mata y Aerolíneas y Austral se venden a Air Comet, del grupo Marsans. El Gobierno no aprobó los balances de Aerolíneas desde 2002.
Alberto Daniel García, abogado del Estado en representación de De Vido, inició en 2003, 2004 y 2005 demandas ante el fuero comercial para impugnar los balances acusando a Marsans de manejos irregulares en los fondos transferidos por la SEPI, y abusar de su posición como accionista mayoritario (el Estado tenía menos del 2%).
En carta a Roberto Lavagna, De Vido insiste en la necesidad de impugnar los balances “en defensa del interés público y de los derechos de los usuarios”. Pero aquella pelea de casi cuatro años terminó en diez minutos, en un viaje de Néstor Kirchner a Madrid junto a De Vido y Felisa Miceli.
Aquello se decidió en una reunión a puertas cerradas entre Kirchner, De Vido y Gonzalo Pascual por Marsans. A la salida el otro socio español, Gerardo Díaz, escribió a mano el borrador que se reproduce donde señala “disposición para que el Estado recupere hasta el porcentaje que tenía en 2001 (esto es, el 5%) sin ningún pago por parte del Estado”.
El último artículo del borrador dice que “el Estado desistirá de todas las impugnaciones referentes a los balances de AA, dándole el gobierno la difusión que considere conveniente”. El borrador no lo dice, pero además acordaron subsidios y el aumento de las tarifas de cabotaje.
Al poco tiempo la presión del Gobierno volvió y Mata salió de la empresa en medio de una ofensiva de los gremios y las tarifas congeladas. Más tarde, Jaime le ofreció habilitar la entrada al mercado de su línea Air Pampas a cambio de que comprara, en seis millones de dólares, la compañía Safe Fly (una empresa “aérea” similar a la estatal LAFSA, que no vuela ni tiene aviones, y pertenece al empresario K Claudio Cirigliano).
Durante 2008 el Estado lleva gastados en Aerolíneas y Austral $587 millones, según datos oficiales de la Auditoría General de la Nación. No son, como se dijo, aportes de capital a cuenta de la futura transferencia de acciones de Marsans al Estado, sino transferencias sin retorno que se hicieron para solventar a la empresa. Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz asisten a la debacle entretenidos, comiendo pochoclo.
El presidente K y su asistente Jaimito les prometieron cumplir con el acta firmada. El caso Aerolíneas sigue repercutiendo en España: Pascual es el presidente de la CEOE (la cámara de empresarios españoles) y mantiene una amistad muy cercana con Miguel Sebastián, un funcionario que entra sin golpear al despacho del presidente Zapatero.
El canal político que unía a Sebastián con Bettini y Alberto Fernández está cortado hace tiempo. Hay quienes sostienen que si el patrimonio de Aerolíneas es un neto negativo de 102 millones, el dinero que aportó el Estado en los últimos seis meses ya lo convierte en accionista mayoritario, sin importar lo que se discuta en el Senado.
A juzgar por su rostro, en algo de esto estaría pensando el secretario Jaimito el sábado al mediodía, dando vueltas en círculo en el hall de Salidas del Aeroparque porque su vuelo de Aerolíneas a Córdoba llevaba más de una hora de retraso.
Marsans asiste al debate parlamentario en silencio: tienen un compromiso de Jaime y del presidente K de respetar a rajatabla el acta acuerdo que se supone suspendida: el dinero público de la Argentina pagará lo que haya que pagar, sin hacer preguntas. El lobo cuidará como debe el gallinero.
AFINANDO EL LÁPIZ. “El punto acta acuerdo firmado por el gobierno con el grupo Marsans –escribió Alcadio Oña en Clarín el pasado 27 de agosto– desapareció en Diputados, pero no se incorporó otro que anulara el arreglo. Una primera conclusión es que el acta sigue vigente. Y la segunda, que de ella pueden tomarse los españoles para pleitear contra la Argentina. Más aún si se trata de un compromiso firmado por el secretario de Transporte “en representación del Estado nacional” y refrendado por el ministro de Planificación”.
El 18 de septiembre, cuando finalmente el Estado se convierta en propietario de Aerolíneas Argentinas, la deuda anunciada oficialmente por Ricardo Jaime será aún mayor. Crítica de la Argentina accedió al contrato firmado entre la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y Marsans por la compra de Aerolíneas: allí se estipula en la cláusula décima, apartado B, inciso 2, referido a la Pérdida de Mayoría: “Si el comprador (Marsans) dejase de ostentar directa o indirectamente el 51% del capital social de cada una de las sociedades cesará automáticamente la responsabilidad del vendedor al amparo de la presente estipulación”.
En el apartado 1 de esa cláusula dice claramente que la SEPI respondería por las reclamaciones de terceros anteriores a la formalización del traspaso. Cuando en 2001 se vende la empresa, quedan en proceso todo tipo de demandas judiciales contra Aerolíneas, una de ellas iniciada por la AFIP por implantar el sistema operativo Amadeus (uno de los sistemas más importantes del mundo para venta de pasajes, con presencia en 192 países) de modo fraudulento.
En su momento Iberia trasladó gratis el sistema a Aerolíneas, como si ambas empresas fueran lo mismo; la AFIP intervino levantando un acta de sanción porque la utilización e instalación del sistema debía pagar impuestos. La justicia comercial falló en primera y en segunda instancias en contra de la empresa, y actualmente el caso está en la Corte, aunque se sabe perdido.
Los intereses de esa demanda aumentan la deuda en unos 50 millones de dólares. Dentro de los pasivos contingentes también se encuentran procesos judiciales originados en la mayoría de las provincias que reclaman desde los años 90 el pago del impuesto a las Ganancias por la venta de pasajes, casos que se saben ya perdidos dentro de la compañía y costarán unos 70 millones de dólares al nuevo propietario, ya que la SEPI deja de responsabilizarse por estas causas judiciales desde el momento en que Marsans pierde la mayoría. Otro proceso en trámite, mucho más nuevo, es una denuncia por sobreventa que según el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, fue avalada por el Estado.
Son 140 millones de dólares más, ya que Aerolíneas emitió miles de pasajes sin tener su flota en condiciones para cubrir esos servicios: la compañía necesitaba “hacer caja” y el resto pasó a segundo plano. La causa penal por esta malversación tramita en el juzgado de Daniel Rafecas. Otro litigio reciente surge a partir de un pronunciamiento de la Corte que esta semana resolvió un caso iniciado en 2002 cuando se devaluó la moneda y las aerolíneas con vuelos internacionales demandaron al Estado contra la validez del decreto 577/2002, que estableció en dólares el valor de las tasas que las compañías pagan por usar los servicios del aeropuerto.
La Corte falló a favor de Eurnekian dando por válido el decreto en un fallo con mayoría ajustada, avalando la dolarización automática de las tasas. Tres jueces (Argibay, Petracchi y Fayt) votaron en disidencia, afirmando que no se pueden elevar las tasas sin el aval del Congreso, que aún no fue comprado (en su totalidad) por Eurnekian. El devenir de la causa motivó que al menos hasta 2006 Aerolíneas pagara las tasas pesificadas, incluyendo las de “aterrizaje”, “estacionamiento de aeronaves”, “uso de pasarelas telescópicas”, “protección al vuelo en ruta” y “apoyo al aterrizaje”.
El martes a la tarde los auditores de la empresa calculaban en unos 50 millones de dólares su deuda con Aeropuertos después del fallo de la Corte. A este subtotal faltaría sumarle la deuda que el grupo Aerolíneas-Austral tiene con el propio Estado por los millones que recibió después de la firma del acta acuerdo: en el informe de Jaime al Congreso se dieron a conocer las transferencias del primer semestre, pero ayer, con datos aportados por Julio Alak, antes director por el Estado y ahora director general transitorio, se supo que el Gobierno giró fondos por 101 millones de dólares, a un promedio de 2,3 millones por día.
Esos aportes no fueron a cuenta de la futura compra de acciones, sino como gastos para que la empresa pudiera seguir volando. Ese solo flujo de gastos y la demora en establecer el precio de la trasferencia de acciones ya empujó la gestión del Estado hasta fin del año. Es lo que también espera Marsans, que contempla la idea de la quiebra como la peor de las opciones: traería con ella desprestigio internacional y la posibilidad de que algunos acreedores argentinos llegaran a España a pedir por lo suyo.
En términos jurídicos, el Estado puede inyectar fondos por distintos caminos: como aporte irrevocable a cuenta de capital, como accionista o como prestamista, en cuyo caso es acreedor como cualquier particular. Estos 101 millones de dólares anunciados por Alak ingresan a la empresa en condición de préstamos y se acumulan a la deuda general. De modo que el pasivo de la futura empresa asumido por los impuestos de los argentinos no será de 890 millones de dólares, sino de 1.301, cifra de surge de sumarle los 411 millones más ya detallados. Tres veces y media el presupuesto total del Estado para mantener el Ministerio de Ciencia y Técnica.
UN POCO DE HISTORIA. Cuando el gobierno de Aznar decide privatizar Iberia excluye a la vez a Aerolíneas de esa oferta y deja a la compañía de bandera argentina bajo la órbita de la SEPI. El vaciamiento de Aerolíneas por Iberia, así, quedó impune. La SEPI se decidió entonces a vender Aerolíneas bajo las órdenes del famoso Plan Director, un ajuste violento que achicara al mínimo el déficit operativo de la empresa. Sucedió entonces aquel escándalo del “Salvemos Aerolíneas”, durante la gestión de De la Rúa.
España advirtió entonces que el conflicto iba más allá y afectaba el resto de las relaciones bilaterales, y Aerolíneas se convirtió en un asunto de Estado. Un íntimo amigo del ministro de Economía Rodrigo de Rato, Gonzalo Pascual, de Marsans, aparece entonces en escena. El contrato nunca se hizo público, pero se supo que Marsans asumía la deuda de la compañía con el compromiso de la SEPI de pagar 758 millones de dólares durante cinco años. Se agrega en ese contexto a la compañía Antonio Mata y Aerolíneas y Austral se venden a Air Comet, del grupo Marsans. El Gobierno no aprobó los balances de Aerolíneas desde 2002.
Alberto Daniel García, abogado del Estado en representación de De Vido, inició en 2003, 2004 y 2005 demandas ante el fuero comercial para impugnar los balances acusando a Marsans de manejos irregulares en los fondos transferidos por la SEPI, y abusar de su posición como accionista mayoritario (el Estado tenía menos del 2%).
En carta a Roberto Lavagna, De Vido insiste en la necesidad de impugnar los balances “en defensa del interés público y de los derechos de los usuarios”. Pero aquella pelea de casi cuatro años terminó en diez minutos, en un viaje de Néstor Kirchner a Madrid junto a De Vido y Felisa Miceli.
Aquello se decidió en una reunión a puertas cerradas entre Kirchner, De Vido y Gonzalo Pascual por Marsans. A la salida el otro socio español, Gerardo Díaz, escribió a mano el borrador que se reproduce donde señala “disposición para que el Estado recupere hasta el porcentaje que tenía en 2001 (esto es, el 5%) sin ningún pago por parte del Estado”.
El último artículo del borrador dice que “el Estado desistirá de todas las impugnaciones referentes a los balances de AA, dándole el gobierno la difusión que considere conveniente”. El borrador no lo dice, pero además acordaron subsidios y el aumento de las tarifas de cabotaje.
Al poco tiempo la presión del Gobierno volvió y Mata salió de la empresa en medio de una ofensiva de los gremios y las tarifas congeladas. Más tarde, Jaime le ofreció habilitar la entrada al mercado de su línea Air Pampas a cambio de que comprara, en seis millones de dólares, la compañía Safe Fly (una empresa “aérea” similar a la estatal LAFSA, que no vuela ni tiene aviones, y pertenece al empresario K Claudio Cirigliano).
Durante 2008 el Estado lleva gastados en Aerolíneas y Austral $587 millones, según datos oficiales de la Auditoría General de la Nación. No son, como se dijo, aportes de capital a cuenta de la futura transferencia de acciones de Marsans al Estado, sino transferencias sin retorno que se hicieron para solventar a la empresa. Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz asisten a la debacle entretenidos, comiendo pochoclo.
El presidente K y su asistente Jaimito les prometieron cumplir con el acta firmada. El caso Aerolíneas sigue repercutiendo en España: Pascual es el presidente de la CEOE (la cámara de empresarios españoles) y mantiene una amistad muy cercana con Miguel Sebastián, un funcionario que entra sin golpear al despacho del presidente Zapatero.
El canal político que unía a Sebastián con Bettini y Alberto Fernández está cortado hace tiempo. Hay quienes sostienen que si el patrimonio de Aerolíneas es un neto negativo de 102 millones, el dinero que aportó el Estado en los últimos seis meses ya lo convierte en accionista mayoritario, sin importar lo que se discuta en el Senado.
A juzgar por su rostro, en algo de esto estaría pensando el secretario Jaimito el sábado al mediodía, dando vueltas en círculo en el hall de Salidas del Aeroparque porque su vuelo de Aerolíneas a Córdoba llevaba más de una hora de retraso.
INVESTIGACIÓN: J L / LUCIANA GEUNA/JESICA BOSSI
