Los exitoso$ amigos K

La historia secreta de Cristóbal López (rey de los casinos), Lázaro Báez (mayor constructor de obra pública) y Gerardo Ferreyra (el empresario preferido de De Vido).

Por J. Lanata

El año que termina fue, también, el de la consolidación en el poder económico de tres amigos K hoy convertidos en tres de los empresarios más poderosos de la Argentina. El vértigo de su crecimiento en los últimos años deja a Henry Ford o Lee Iacocca convertidos en dos chicos con capacidades especiales. Los exitosos K recorrieron un largo camino: uno era recolector de residuos en Comodoro Rivadavia; el otro, cadete de la sucursal Santa Cruz del Banco Nación, y el último, un militante del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores, brazo político del ERP). Hoy representan, sumados, un capital cercano a los dos mil millones de dólares y van por más: después de todo, la Argentina ha recuperado su rol de país con movilidad social ascendente.

COLÓN, COLÓN Y SU HIJO CRISTOBALITO. Cristóbal López nació el 27 de octubre de 1956 en Comodoro Rivadavia, y egresó de un colegio técnico ubicado en la periferia, el Domingo Savio. Trabajó en una forrajería, en una pollería y, luego de la muerte de sus padres en un accidente de tránsito, se ocupó de la pyme familiar, una empresa dedicada al transporte de carga. En 1991 logró que le adjudicaran la recolección de residuos de Comodoro, y al año siguiente comenzó su verdadera vocación: abrió allí su primer casino. Aterrizó en Santa Cruz en plena crisis de 2001 y jugó a pleno: ganó por veinte años la licitación del casino, un negocio de 20 millones de dólares. Llegó de la mano de Néstor a Buenos Aires y pudo adquirir la mayoría de acciones del Casino Flotante de Puerto Madero y el negocio de las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo. Hoy contempla su imperio lejos del ruido de las fichas, en Rada Tilly, a 14 kilómetros de Comodoro, en su casa de dos plantas con pileta climatizada. Allí Cristóbal tiene varias amarras y cría caballos criollos. Su pista de aterrizaje está en el otro extremo del país, en Alto Río Senguer, en el límite con Chile, donde compró cuatro mil hectáreas al precio promocional de 44,53 pesos. En Río Senguer aterriza con su Beechcraft B 90 LV BLV, que compró usado en un millón de dólares. Éste es el paisaje que se ve desde su ventanal de Rada Tilly:

• Juego: su nave insignia es la empresa Casino Club y posee once casinos: Caleta Olivia, Comodoro, El Calafate, La Rioja, Posadas, Río Gallegos, Río Grande, San Rafael, Santa Rosa, Trelew y Ushuaia. Y catorce salas de slots: Centenario, Centro, Garupá, Hilario Lagos, Kennedy, Las Heras, Parque Paraguayo, Pico Truncado, Puerto Deseado, Rawson, Rivadavia, Rotonda, Terminal de Ómnibus y Villa Cabello. Construye dos nuevos casinos en Rosario y Ushuaia.

• Petróleo: posee Oil M&S, que pasó de ser una compañía de servicios petroleros a controlar áreas concesionadas en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan y Brasil (en las cuencas de Silomões, estado de Amazonia y São Francisco, estado de Minas Gerais). También tiene la empresa petrolera Cerro Negro.

• Agropecuarias: Cristóbal tiene la ganadera Santa Elena SRL, Aceitunas Guadalquivir (verdes y negras, con y sin carozo), livares del Sol y Aerotour SA.

• Turismo: Altos del Glaciar y Solares del Tala.

• Inmobiliario: Solares del Marqués, un barrio de 37 hectáreas en la entrada de Rada Tilly, con vista al océano, por el que pagó un millón de dólares. Son 273 lotes de 600 metros cuadrados cada uno.

• Transporte: concesionarias Tsuyoi de Toyota y Transporte Indalo.

• Basura: Clear SA.

• Medios y Tecnología: Radiodifusora del Sur (que posee un diario y un canal en Comodoro) y Tecnological SA.

Cristóbal recibió, el 31 de diciembre pasado, el mejor regalo de año nuevo: el Boletín Oficial publicó el decreto 1.851 extendiéndole en 15 años la concesión del Hipódromo Argentino. Desde entonces, cada 31, López le juega al serrucho. El “sueño” del número 51 no pudo ser más acertado: la renovación firmada por Néstor fue casi preventiva, ya que el permiso en cuestión recién vencía en 2017. Ahora llega a 2032. El pasado viernes 12 la Legislatura de la Ciudad le dio entrada a un proyecto de Macri por el cual se ratifica la decisión presidencial en un convenio entre el Instituto del Juego de la Ciudad y la Lotería Nacional que ya fue avalado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El proyecto Cristóbal ya tiene la firma de Macri, Grindetti y Rodríguez Larreta, y establece la prórroga de la Ley de Juego por cinco años, renovable automáticamente por otros cinco (antes era por cuatro), y aumenta los ingresos que percibe la ciudad del 25 al 50%, aunque la autonomía porteña marca el 100%. El anexo del proyecto le autoriza a Cristóbal la instalación de 1.500 nuevos tragamonedas y la cláusula 8 les otorga “seguridad jurídica” a todas las concesiones vigentes, abriendo la puerta para los “juegos nuevos que se desarrollen en el futuro”, eufemismo jurídico que debe traducirse como “apuestas deportivas”. La recaudación diaria de los tragamonedas oscila entre los 4 y 5 millones de pesos.

–El decreto está hecho para Cristóbal –confió a este diario un legislador macrista que estudia votar en contra–. Pidió más tiempo, y se lo dieron. Pidió más máquinas, y se las dieron. Al final va a lograr que Macri avale el decreto de Kirchner, que es un mamarracho.

El acuerdo por el juego fue discutido en persona por Cristóbal López y Nicky Caputo en representación de Macri. El kirchnerismo, a cambio, apoyaría la financiación del presupuesto de la ciudad que preocupa al jefe de Gobierno.

Néstor y Cristóbal apuestan fuerte: Felipe Solá está convencido de que su postura ante el juego le costó la reelección, y así lo dijo en un reportaje brindado a Jorge Fontevecchia:

–Cuando le planteé a Kirchner cómo renovar las licencias de los treinta y pico de bingos que hay en la provincia me dijo que no me metiera en eso –afirmó Solá en Perfil.

El juego recauda en la provincia de Buenos Aires unos 5.000 millones de pesos al año. Mañana, en la última sesión del año, la Legislatura bonaerense trataría un borrador de ley de 28 artículos que contempla la apertura de ocho nuevas salas de bingo, autoriza la comercialización de apuestas deportivas y también las habilita online.

Cristóbal es, en el fondo, un hombre que apuesta al futuro; en 2008 registró algunas nuevas empresas: Lejano Sur SRL (en el rubro ropa y calzados), Don José Moisés SRL (agropecuaria) y Talares de Posadas SA (oleoductos, acueductos, gasoductos, electroductos), donde aparece como socio del entrepreneur Osvaldo “Bochi” Sanfelice, socio a la vez del hijo presidencial en Negocios Inmobiliarios S A, dedicada a administrar las propiedades de los K en Río Gallegos y ex director de Rentas durante el gobierno local de Néstor.

LÁZARO, LEVÁNTATE Y COBRA. Lázaro Báez nació el 11 de febrero de 1956 y llegó a jugar en Boca (Juniors de Río Gallegos). No tuvo mucha suerte con la pelota (hoy su hijo Leonardo ocupa su misma posición en la cancha, en el mismo equipo) y comenzó una carrera como cadete en la sucursal local del Banco Nación (entre 1975 y 1986) para luego pedir el pase al Banco de Santa Cruz. Comenzó su amistad con Néstor cuando éste ganó la gobernación y fue designado como gerente adscripto a la intervención del banco provincial. Pero su verdadero crecimiento se inició con la creación, en 2003, de Austral Construcciones. En los últimos cinco años Lázaro se levantó, posicionó a Austral primera en el ranking de obra pública y acumuló unos cuatro mil millones de pesos, a los que habría que sumar otros 1.200 millones facturados por su empresa Gotti (de los cuales 627 millones corresponden a obras adjudicadas por el estado provincial). Según una causa investigada por el juez federal Aráoz de Lamadrid, Gotti emitió facturas a empresas falsas por 400 millones de pesos. También Austral está bajo sospecha: se la investiga por lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein, donde la Justicia le trabó un embargo de diez millones de dólares. El dinero investigado provino de una venta de Austral de 140 motoniveladoras chinas por 51 millones de dólares a la provincia de Santa Fe.

Pero no todas son espinas en el despertar de Lázaro. Veamos su frenética expansión empresarial, rubro por rubro:

• Agropecuario: Austral Agro, importación y exportación de cereales y frutos.

• Inmobiliario: Austral Atlántica, socio de Kirchner en un fideicomiso inmobiliario creado para construir departamentosen el centro de Río Gallegos. Néstor cedió el terreno para construir diez unidades funcionales en propiedad horizontal, ya terminadas y habitadas.

• Petróleo: controla la petrolera Misahar y desde 2005 Epsur, presidida por su hijo Martín, que opera en tres áreas: CN VII A, en Mendoza y Mata Magallanes (este y oeste) al norte de la cuenca del golfo San Jorge. El gobierno provincial le adjudicó siete de las quince áreas petroleras licitadas por Santa Cruz en 2006, y el resto –a excepción de una que quedó vacante– fue adjudicado a Cristóbal López.

• Otros: Diagonal Sur (informática e internet provider), Magna Consultora, Combustibles Sur, Estrellas del Sur, Escalatur (turismo) y Dulce Compañía SA.

Lázaro tuvo, claro, un buen año. Ya instalado en la obra pública, su interés en 2008 se diversificó, consolidándose como el mayor terrateniente de la provincia. Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica en Santa Cruz, elaboró un informe detallando las adquisiciones de Lázaro en el año de, paradojas, crisis con el campo:

• Estancia La Julia, 10.000 ha.

• Estancia El Campamento, 18.000 ha.

• Estancia La Porteña, 16.000 ha.

• Estancia Cruz Aike, 20.000 ha.

• Estancia Río Bote, 8.000 ha.

• Estancia Ana, 15.000 ha.

• Estancia La Entrerriana, 25.000 ha.

• Estancia Verdadera Argentina, 20.000 ha.

• Estancia Alquinta, 40.000 ha.

• Estancia El Rincón, 10.000 ha.

Las estancias se ubican al sur del río Santa Cruz en dirección al lago Argentino por la ruta provincial 5 y la nacional 40, en la zona que será afectada por la obra hidroeléctrica La Barrancosa, Cóndor Cliff y La Leona. Ahora se entiende por qué Lázaro se apasiona con el juego: sabe el número que va a salir: al inundarse la zona, el propietario deberá ser indemnizado. La estancia Alquinta fue comprada en 5.500.000 dólares y Verdadera Argentina en 3.560.000: a un promedio de 150 dólares la hectárea se trata de 182.000 hectáreas por un valor de 27.300.000 dólares que Lázaro pagó apurado y en efectivo.

Báez completó su año de movilidad social ascendente registrando Valle Hermoso SRL, una empresa inmobiliaria, agropecuaria y ganadera y construyendo un shopping en la avenida Libertador de El Calafate. En el área de energía su empresa Epsur logró que le adjudicaran un área en el Plan Generación de Energía Eléctrica Distribuida II licitado por Enarsa.

DE LA CARTA ABIERTA A CÁMPORA A LA CARTA CERRADA A JULIO. El 13 de abril de 1973 el PRT-ERP dio a conocer su Carta Abierta a Cámpora, en la que anunció que continuaría con su política de lucha armada: “El gobierno del Dr. Cámpora representa la voluntad popular –decía–. Respetuosos de esa voluntad nuestra organización no atacará al nuevo gobierno mientras éste no ataque al pueblo ni a la guerrilla. Nuestra organización seguirá combatiendo militarmente a las empresas y a las fuerzas armadas contrarrevolucionarias”. Gerardo Luis Ferreyra tiene 58 años, nació en Córdoba y se recibió de ingeniero en la universidad pública, donde también comenzó su militancia en el PRT. Estuvo preso a disposición del Ejecutivo desde 1975 hasta 1984, y conoció en la cárcel de Córdoba a Carlos Zannini, ex militante de la organización maoísta TUPAC. Al recuperar la libertad Ferreira comenzó a trabajar en una pequeña empresa de un compañero de la facultad: Electroingeniería, de Osvaldo Acosta. Con el tiempo dejó Córdoba para hacerse cargo de la sucursal en Buenos Aires y se convirtió en accionista de esta pyme que fabricaba tableros eléctricos. Antes de convertirse en una constructora de megaobras de electricidad, cárceles y pavimentación, Electroingeniería ganó una licitación para construir cien escuelas en Córdoba durante el gobierno de De la Sota. El ministro de Educación provincial era Ricardo Jaime. En aquel concurso Electroingeniería comenzó a construir su modus operandi: asociarse a una empresa con mayor capacidad para que fuera su subcontratista quien ejecutara la obra. Con las escuelas Electroingeniería aportó la amistad con Jaime, y IECSA, de los Macri, puso los ladrillos. La empresa tenía, en 2002, más de sesenta cheques rechazados por falta de fondos, que fueron saldados durante el ejercicio 2005.

A Ferreyra le encanta viajar con Julio De Vido en el Tango 01: fueron juntos a las giras de Alemania y Venezuela. En la Cámara de la Construcción varios testigos afirmaron a este diario haber escuchado al ingeniero jactarse de su cercanía al ministro, o decir que “lo representaba”.

Su primera megaobra en la era K fue parte del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500 KV. Electroingeniería se encargó de las líneas Choele Choel-Puerto Madryn (280 millones de pesos) y Puerto Madryn-Pico Truncado (630 millones de pesos), donde le fue adjudicada la construcción y su mantenimiento hasta 2088 (lo curioso en este caso es que la supervisión le corresponde a Transener, que es propiedad de Electroingeniería y Enarsa en un 50% cada una, de modo que la empresa que construye se supervisa a sí misma). También le fue adjudicada la línea de 500 KV NEA-NOA (800 millones de dólares), dos centrales de ciclo combinado (1.600 millones de dólares), compite casi sola en las centrales térmicas de Campana, Ensenada, Santa Fe y Córdoba y con otras en Necochea; es, junto a Corporación América (de Eduardo Eurnekian), una de las precalificadas en el Complejo Hidroeléctrico Cóndor Cliff y La Barrancosa (3.600 millones de dólares).

Electroingeniería comenzó 2008 adquiriendo Vialco, dueña de las concesiones viales de la Ruta Interbalnearia 11; tramos de las nacionales 9, 11, 188 y 19, y la demorada autopista Rosario-Córdoba, y a mediados de año adquirió Radio del Plata, pagando seis millones de dólares para saldar el rojo y financiar su pasivo.

(Investigación: Jorge Lanata / Luciana Geuna / Jessica Bossi)

fuente: http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=15635

NUNCA MAS - Condena a Juntas Militares - 9 de Diciembre de 1985

Condena a Juntas Militares - 9 de Diciembre de 1985

Alegato de Strassera

Señores jueces:

La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.

Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales--, me han determinado a exhibir, a lo largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó, lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país.

Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador.

Empero, ellos serán mucho más generosos que sus verdugos, pues no exigirán tan solo el castigo de los delitos cometidos en su perjuicio. Abogarán, en cambio, para que ese ineludible acto de justicia sirva también para condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde viniere; para desterrar la idea de que existen "muertes buenas" y "muertes malas" según sea bueno o malo el que las cause o el que las sufra.

Si de este modo logramos sustituir aquel fanático "Viva la muerte" conque Millán Astray reivindicaba su perversa doctrina por un "Viva la vida" en rescate de los valores éticos sobre los cuales esta Nación fue fundada, habremos de darnos por satisfechos...

Porque si bien resulta inexcusable admitir la necesidad y la legitimidad de la represión de aquellas organizaciones que hacen de la violencia su herramienta de lucha política, a fin de defender los valores de la democracia, del mismo modo ha de admitirse que cuando esa represión se traduce en la adopción de los mismos métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la eticidad, nos encontramos en presencia de otro terrorismo; el del Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice combatir.

Los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo, cuyo marco pretendía mostrarnos como excedido por los sediciosos.

Y de aquí, señores jueces, se derivaron consecuencias mucho más graves para el orden jurídico.

Porque, cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos y no es culpa de las victimas.

No bastan los chismorreos de los servicios de informaciones que, de manera vergonzante se han esgrimido en este juicio en muchas oportunidades.

Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo.

No existió entonces patrón de conducta al cual la víctima podía someterse para estar a cubierto de una posible injuria El terrorismo de Estado la ponía en una situación de absoluta impotencia en lo concerniente a la determinación de su conducta y, por ende, en la decisión de su destino. El carácter arbitrario e indiscriminado de la represión sitúa el centro de la suerte de la victima fuera de ésta, pero continúa considerándola responsable de una conducta que no sólo no decide, sino que incluso no puede llegar a comprender.

De tal suerte, las juntas militares fracasaron no sólo en la misión de establecer la inocencia de los inculpados injustamente, sino también en la de probar la culpabilidad de los responsables de actos criminales. "No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina". "Lentamente, casi como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes, en medio de la incredulidad de algunos, de la complicidad de otros, y el estupor de muchos". Estas frases las dijo el almirante Emilio Eduardo Massera el 2 de noviembre de 1976 en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Para esa fecha en los altillos de la casa de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, sobre una colchoneta estaba Cecilia Inés Cacabellos. Tenía 16 años, la habían encapuchado y sus manos estaban esposadas y engrillada.

La habían capturado gracias a los datos suministrados por su hermana, a quien le dieron garantías de que sólo se la iba a interrogar; creía que así le salvaba la vida. Cecilia Inés Cacabellos permanece hoy en situación de desaparecida.

Mientras de puertas afuera se condenaba la violencia y se proclamaba la legalidad, en el interior regia otra norma más fuerte que la ley, de acuerdo a la cual decenas de Cecilias Cacabellos eran sometidas a tratos inhumanos.

La ferocidad y la mentira son las dos notas del sistema de represión que los acusados implantaron durante años en la Argentina. Por eso hoy se hace necesario averiguar la verdad y juzgar a todos los que hayan violado la ley; en particular a los poderosos, a los máximos responsables, esta es la única forma de restablecer la vigencia de la ley en la conciencia de la sociedad.

La mentira, la disociación entre los dichos y los hechos aparecen ya en los antecedentes de lo que aquí juzgamos.

Obra agregada a la causa el anexo I de la directiva 333 correspondiente al dio 1975 donde el Gral. Videla, como jefe del estado Mayor, afirma: "En octubre de 1974 el pueblo eligió mayoritariamente a quienes habrían de representarlo y ese gobierno popular es enfrentado por quienes se atribuyen una representatividad que no tienen".

Señalaba también, "todo intento de condicionar a las autoridades libremente elegidas, se convierte en un atentado contra el pueblo que las eligió".

Esta disociación entre los dichos y los hechos también se manifestó desde los primeros instantes del accionar de la Junta Militar.

En aquel momento, los comandantes pusieron lo que llamaron "Bases para la intervención de las FF.AA", donde afirmaron que no debía esperarse "una efusión indiscriminada de sangre que bajo el aparente propósito de lograr justicia bajo la vía más expeditiva, sólo conduzca a la negación, de ese principio fundamental, a la reacción interna masiva ante lo que pueda considerarse como medida masiva extrema y al aislamiento internacional".

Sin embargo, contrariando su afirmación, los acusados ordenaron un sistema de represión en el que secuestraron a miles de personas que fueron robadas, torturadas y asesinadas.

Y como definieron los mismos comandantes en su documento, esa feroz represión constituyó la negación de la justicia como principio fundamental y dio lugar exactamente a lo que habían previsto: produjo una reacción interna masiva ante una medida opresiva externa y llevó al aislamiento internacional del país.

Agregaba por último, "frente a un pueblo maduro y consciente que ejerce su soberanía en plenitud se alzan las minorías que pretenden arrogarse el derecho de representarla".

Esas afirmaciones no impidieron que el 24 de marzo de 1976 el general Videla, junto con el almirante Massera y el brigadier Agosti derrocaran a ese mismo gobierno popular del que eran su brazo armado y asumieran la suma del poder.

Alguien tiene derecho a permitir que Adriana Calvo de Laborde tenga a su hija esposada y con los ojos vendados en el asiento trasero de un auto en movimiento y que soporte durante cinco horas el llanto de su bebé recién nacido, tirado en el suelo sin poder tocarlo?

O lo que narró Susana Caride: "En un momento determinado, por algo que alguien contestó, Julián tomó la cadena y golpeó a todos los que estábamos allí, fue algo dantesco, porque al estar engrillados, al estar con los ojos vendados, era gente que caía uno al lado del otro, con gritos, con sangre, con orín, fue algo realmente dantesco; me dejaron ahí tirada y al rato con un látigo me volvió a pegar, me tiraron agua con sal y no sé cuánto tiempo después dijo llévensela, porque sino la voy a terminar matando".

Pero no sólo los secuestrados fueron las víctimas, hubo mucho más. Ante estos estrados desfilaron padres y familiares narrando las gestiones infructuosas que realizaban a partir del secuestro. Por lo general, todo comenzaba en una comisaria donde, por las órdenes de los acusados, se negaban a recibir las denuncias.

Esta era sólo la primera estación de un calvario que luego se completaba con infructuosas visitas a unidades militares, a las iglesias, a embajadas o a cualquier persona que pudiera ayudar.

En las ordenanzas militares especiales al Ejército de Cuyo, que promulgó en el año 1816, dijo el general José de San Martín: "La Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da las armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene; la tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacer respetar a los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares..."

Por ello los aquí acusados son responsables tanto de la situación de aquellos oficiales que habían hecho cosas tan terribles que no podrán besar a sus propios hijos, como de la ebriedad de poder del coronel que se titulaba "amo de la vida y de la muerte"...

Pero hay algo pero aún: no sólo ordenaron realizar acciones indignas de las Fuerzas Armadas, sino que cuando debieron afrontar la responsabilidad por el mando, negaron sus órdenes, negaron conocimiento de lo actuado por sus subordinados; negaron conocimiento de lo secuestros, las torturas y las muertes...

Sin embargo, existían grupos organizados que cumplían un horario especial, cuya tarea era interrogar y torturar, y la realizaban en unidades militares o dependientes de las Fuerzas Armadas.

Estas actividades, que se produjeron a lo largo y a lo ancho del país, no pueden ser el fruto de la actividad de pequeños grupos aislados de oficiales.

No se puede concebir que en un ejército exista un grado de insubordinación tal que permita que oficiales inferiores realicen a lo largo y a lo ancho del pais, durante varios años, acciones contrarias a las que ordenan sus comandantes.

Es por eso, señores jueces, que con la referencia a excesos, los comandantes quieren atribuir a sus subordinados la responsabilidad que les corresponde.

Las huecas referencias del general Videla afirmando que se hace responsable de todo pero que los hechos no sucedieron, exponen un pensamiento primario que, dando un valor mágico a las palabras, pretende con ellas que desaparezca la realidad que se quiere negar.

Pero no es Videla el único de los comandantes que pretende eludir la realidad con el carácter mágico de las palabras.

La misma calidad personal que permitió al almirante Massera pronunciar su discurso condenando la muerte en el mismo lugar donde decenas de personas eran asesinadas por sus ordenes, lo lleva hoy a afirmar que él asume su responsabilidad sin diluírla hacia abajo pero que, a la vez, sólo tuvo noticias, y por los familiares, de tres casos de personas que habían desaparecido.

Para dimensionar el valor de la palabra en un soldado, quisiera recordar aquí el último discurso parlamentario que pronunció Carlos Pellegrini.

Refiriéndose a la condición del militar, afirmó: "El está armado, tiene el privilegio de estar armado en medio de ciudadanos desarmados. A él le damos las llaves de nuestras fortalezas, de nuestros arsenales; con una señal de su espada se mueven nuestros batallones, se abren nuestras fortalezas y toda esta actividad y todo este privilegio se lo damos bajo una sola y única garantía, bajo la garantía de su honor y de su palabra".

Agregó también que por eso "la palabra de un soldado tiene algo de sagrado; faltar a ella es algo más que un perjurio".

Si los hechos revelan que estas ideas no son compartidas por alguno de los acusados, en la audiencia, en cambio, hemos visto cómo estos conceptos están internalizados en otros militares.

Buscando a su hija, el capitán de navío Quinteiro acudió a la Escuela Mecánica de la Armada y a Campo de Mayo y también se entrevistó con diferentes oficiales superiores.

El Capitán Quinteiro narró aquí su dolor por la negativa del general Riveros a recibirlo, y expresó que se sintió muy triste e indignado cuando se enteró de que el general Elizondo, responsable de la oficina donde trabajaba su hija, le había mentido al decirle que no la secuestraron en ese lugar.

Seis veces se entrevistó el capitán Quinteiro con quien llamó su comandante en jefe. En su primera entrevista Massera le negó el permiso para iniciar un hábeas corpus diciéndole que se iba a ocupar personalmente del asunto; en otro, le informó que nada había podido averiguar. En la sexta reunión, cuando ya estaba seguro de que las Fuerzas Armadas eran las responsables, le dijo: "Señor almirante, a usted le están mintiendo, muchos de los oficiales lo están engañando y le están mintiendo". Para el capitán Quinteiro ya era mucho que un general le mintiera y que otro se negara a recibirlo; necesitaba creer en su comandante.

Los acusados también deben otra explicación a su tropa y a la comunidad toda: porqué razón dejaron en libertad y no procesaron a las personas que ellos consideraban jefes de organizaciones subversivas y a las que atribuían actos de violencia?

En el oficio firmado por el jefe del Destacamento de Inteligencia 141 y avalado por el general Ríos Ereñú, en su carácter de comandante del III Cuerpo, se informa al doctor Becerra Ferrer, juez federal de Córdoba que, según datos obrantes en esas dependencias, Gustavo Contepomi era jefe de una columna de Montoneros en esa provincia y había participado en varios homicidios de integrantes de la policía; se agrega que, según antecedentes obrantes en ese destacamento de inteligencia, estuvo detenido desde el año 1976 hasta 1977 en "La Perla" y que luego se lo tuvo controlado hasta 1979, fecha en que se lo dejó en libertad, ignorándose por orden de qué autoridad.

El almirante Chamorro en sus declaraciones ante el Consejo Supremo, afirma también que en la Escuela de Mecánica había un grupo de personas que eran dirigentes de organizaciones subversivas que luego fueron liberadas con pasaje pago hacia el exterior...

La mentira y el engaño con que los acusados despreciaron a la comunidad, se vuelven ahora como un bumerán contra ellos, pero ademas se extiende a sus subordinados tendiendo un manto de sospechas sobre ellos.

Por eso debe individualizarse y castigar a los responsables de las infamias cometidas, para que no se equipare a quienes torturaron y robaron en beneficio propio, con los honestos.

Lo exige el prestigio de las Fuerzas Armadas argentinas y el de los oficiales que las integran.

La combinación de clandestinidad y de mentira produjo efectos que trastornaron a la sociedad argentina...

Sin embargo, aquí se ha acreditado que fueron secuestradas criaturas de meses, jóvenes de 14 años, una anciana de 77, mujeres embarazadas, obreros e industriales, campesinos y banqueros, familias enteras, vecinos de sospechosos, funcionarios del Proceso de Reorganización Nacional y funcionarios del actual gobierno, ex ministros del gobierno peronista, integrantes del Partido Comunista y un actual candidato a diputado de la Unión del Centro Democrático.

También un embajador del gobierno militar, funcionarios judiciales, oficiales de la Marina, cualquiera podía ser devorado por el sistema. La afirmación de que sólo los que infringían la ley iban a ser sancionados encubría la realidad.

En la Argentina, todos estábamos en libertad condicional...

Enseñar a leer, dar catequesis, pedir la instauración del boleto escolar o atender un dispensario, podían ser acciones peligrosas. Todo acto de solidaridad era sospechado de subversivo.

La señora Salas de Cavaglia siente sobre su conciencia la desaparición de su consuegra, Luisa Martinez de González.

El reproche que aún hoy se formula es haber ayudado a su consuegra a informar a los padres de una secuestrada, que su hija, que estaba desaparecida, había dado a luz y estaba internada en el Hospital de Quilmes.

Por el contrario, hubo quienes ingenuamente creían estar exentos de toda persecución; pero un día descubrieron que también ellos podían ser encapuchados y torturados.

Alcides Chiessa contó en esta sala: "Fui secuestrado por una patota integrada por personal de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, el mismo personal a los que los idiotas útiles como yo, que formábamos las comisiones cooperadoras, les entregábamos sobres con dinero al margen de su sueldo para la lucha antisubversiva".

Y si mediante las patotas, los acusados pusieron una capucha a cada una de las victimas de los secuestros, mediante la campaña de acción psicológica le colocaron una gran capucha a toda la sociedad.

Organizaron campañas publicitarias masivas, amordazaron a la prensa nacional que no podría publicar noticias sobre el tema de los desaparecidos y como no pudieron evitar que la verdad atravesara la fronteras y repercutiera en el exterior, afirmaron que las denuncias internacionales eran fruto de una campaña antiargentina organizada por elementos subversivos.

Como reconoció el ex embajador Anchorena: esa campaña consistía en denunciar que la Junta Militar era responsable de un sistema por el cual se secuestraba, torturaba y mataba.

Entre las organizaciones subversivas que hacían las denuncias encontramos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; el de Francia, el de Italia, el de España, el de Suecia, el de Alemania Una organización de la seriedad de Amnesty fue señalada por el gobierno militar como la central de esta campaña antiargentina. Los dos subversivos enviados a inspeccionar Argentina por esta maquiavélica organización de Amnesty fueron el sacerdote católico Robert Driman, que era en esa época representante por el estado de Massachussets en el Congreso de los Estados Unidos y lord Averbury, de la Cámara de los Lores de Inglaterra.

Y con toda esta mentira sobre la campaña antiargentina, no sólo negaban los hechos, sino que convertían al que reclamaba o se hacia eco de las denuncias en un subversivo.

Y la sociedad argentina, que durante años soportó las reivindicaciones de valores de muerte como supuestos medios para obtener mejoras sociales, tuvo que soportar luego otra acción psicológica destinada a politizar los secuestros y la muerte en aras de supuestos valores occidentales y cristianos.

Con dos sofismas se pretendía justificar la represión clandestina

El primero dice: todos los detenidos son subversivos.

No es que se podía detener subversivos, sino que todos los que ellos detenían eran subversivos, la detención convertía a una persona en subversivo.

Concebido esto, el segundo paso de este método perverso fue considerar que un subversivo es una especie de subhumano, de sanguijuela a quien se le puede torturar, matar.

Como se dijo haciendo referencia al régimen nazi, una vez que se convence a la sociedad de que una minoría o un grupo puede equipararse a una sabandija el paso que hay que dar para llegar al propósito de exterminarla no es ya demasiado grande...

Con relación a la responsabilidad que atribuyo al general Videla, no hace falta extenderme para fundamentar la severidad de la sanción a requerir. Su rol protagónico en la instauración y mantenimiento del aparato delictivo que estamos denunciando resulta innegable. Era el comandante en jefe del Ejército, que tenia la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión, y uno de los artífices principales de la metodología represiva que aquí enjuiciamos.

Respecto del almirante Massera, opinamos que se encuentra en la misma situación que el general Videla. Pesa sobre él, además, la sombra trágica de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más horrendos centros clandestinos de cautiverio y exterminio que hubo en el país. Debe computarse, además, como agravante, a su respecto, el aprovechamiento en beneficio propio de la estructura militar que se encontraba bajo su conducción.

Una aproximación superficial a este proceso quizá pudiera colegir que el brigadier Agosti ha tenido un grado de responsabilidad menor al de aquellos con quienes compartió la primera Junta Militar. Empero, son tan atroces los hechos por los que indudablemente resulta responsable, y respecto de cuya comisión detentaba un tercio del poder, que no puedo menos que equipararlo con aquellos.

Respecto del general Viola, y el almirante Lambruschini, creo que están en idéntica situación, aunque no dejo de computar un notable descenso en la cantidad de los más graves delitos imputados, durante el periodo de sus respectivas comandancias en jefe. Ello justifica, a nuestro juicio, una ligera atenuación en la sanción a requerir.

También el brigadier Graffigna y el general Galtieri deben ponerse en un pie de igualdad. Computo en su favor el no haberles imputado ningún homicidio, al menos en tanto y en cuanto integrantes de la Junta Militar, aunque el sistema de secuestros, y desapariciones forzadas, perduró durante sus gestiones.

El almirante Anaya debe responder por numerosos delitos pero uno solo de extrema gravedad, cual es el de reducción a servidumbre; con el agravante de que fue cometido en la Escuela de Mecánica de la Armada, instituto que dependía directamente de su comandancia.

Por último y respecto del brigadier Lami Dozo, su situación es sensiblemente menos comprometida que la de sus coprocesados, en cuanto el número de delitos que le imputamos es el menor de todas las imputaciones que formulo. Ello justifica también el requerimiento de una pena menor, aun cuando no lo exima de su pertenencia protagónica al aparato estatal terrorista.

Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.

Dante Alighieri --en "La Divina Comedia"-- reservaba el séptimo circulo del infierno para los violentos: para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta: "Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas".

Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal, de aún más elevada jerarquía que el presente, se haga oportunamente cargo de ello.

Me limitaré pues a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliva Wondell Holmes, cuando afirma: "La ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas".

El castigo -que según ciertas interpretaciones no es mas que venganza institucionaliza- se opone, de esta manera, a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale sea tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo de la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aun los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad.

Podemos afirmar entonces con Gunther Stratenwerth que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, tácticamente no es sino una realidad: "La necesidad de retribución, en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa aunque sólo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch".

Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad toma monstruosa la mera hipótesis de la impunidad Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan "hechos políticos" o "contingencias del combate". Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal...

Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías.

Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al periodo que acabamos de describir.

A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia.

Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.

Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación, y solicito que al fallar, en definitiva, se los condene a las siguientes penas:

1
JORGE RAFAEL VIDELA: RECLUSIÓN PERPETUA, CON MAS LA ACCESORIA DEL ART. 52 DEL CÓDIGO PENAL.

2
EMILIO EDUARDO MASSERA: RECLUSIÓN PERPETUA, CON MAS LA ACCESORIA DEL ART. 52 C.P.

3
ORLANDO RAMÓN AGOSTI: RECLUSIÓN PERPETUA, CON MAS LA ACCESORIA DEL ART. 52 C.P.

4
ROBERTO EDUARDO VIOLA: RECLUSIÓN PERPETUA.

5
ARMANDO LAMBRUSCHINI: RECLUSIÓN PERPETUA.

6
LEOPOLDO FORTUNATO GALTERI: 15 AÑOS DE PRISIÓN

7
OMAR RUBENS GRAFFIGNA: 15 AÑOS DE PRISIÓN.

8
JORGE ISAAC ANAYA: 12 AÑOS DE PRISIÓN.

9
BASILIO LAMI DOZO: 10 AÑOS DE PRISIÓN.


PARA TODOS, CON ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS...

Sin embargo, como la orden de aniquilar ha sido alegada reiteradamente en el proceso quisiéramos referirnos brevemente a ella...

Compareció como testigo la persona que firmó el decreto que ordenó la actuación de las Fuerzas Armadas en lodo el ámbito del país hasta aniquilar el accionar subversivo.

Por ello resulta interesante la interpretación auténtica que el Dr. Luder expuso.

Afirmó quien ejerció la presidencia de la Nación que lo único que hacen los decretos es incorporar a la lucha contra la subversión a las Fuerzas Armadas y que toda la estructura jurídica se mantenía.

Preciso que aniquilar el accionar de la subversión quiere decir inutilizar la capacidad de combate del grupo subversivo, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal del país.

Esta interpretación fue corroborada por los diferentes integrantes del gabinete de aquel gobierno, citados por la defensa para esclarecer el punto.

Así el Dr. Cafiero dijo que la interpretación ajustada a este termino significaba dejar inerme abatir el accionar de la subversión, por supuesto, en el marco legal y constitucional que el gobierno tenía como objetivo y como meta.

Ninguno de los oficiales superiores citados a declarar entendió que la orden de aniquilar autorizaba a secuestrar, torturar y matar.

Así el Alte. Vañek, el vicealmirante Santamaría y el contraalmirante Manuel García coincidieron en que la orden de aniquilar el accionar subversivo no autorizaba torturar a los detenidos para obtener información ni para eliminarlo físicamente. Más clara aún fue la respuesta del vicealmirante Fracassi quien señaló que el concepto del término aniquilar cuando uno recibe la misión es terminar con la voluntad del enemigo de seguir combatiendo y si el enemigo está prisionero, es prisionero, ya terminó con su misión de combate, se acabo. Todas estas consideraciones resultarían superfluas pues el mismo teniente general Videla, ante el Consejo Supremo declaró que aniquilar significa literalmente destruir con sentido orgánico al enemigo y derrotarlo. Agregó que no creía entender que eso fuera una incitación a matar.

El almirante Massera también afirmó que este concepto significa quitar el poder de acción del enemigo, y que ello se puede lograr por medio de acción de combate o moralmente, como puede ser robándole los víveres.

Creo que estas declaraciones a las que se les pueden sumar muchas otras resultan suficientes para descartar la idea de que el decreto incluyera la orden de realizar secuestros, torturar prisioneros y matarlos sin ninguna forma de proceso.

En realidad, la excusa que estoy analizando, sólo se utilizó una vez más para confundir a la población, pretextando que la responsabilidad de la represión realizada era el gobierno democrático --un argumento que no es racional pero que emotivamente puede ser convincente--. Así, el Gral. Videla declaró ante el Consejo Supremo que fue la Nación Argentina la que dispuso a través del gobierno la intervención del brazo armado de la Nación y de allí concluye que la sociedad argentina dio su consenso a las medidas que se tomaron para su propia defensa.

Sobre estas dos falacias los acusados pretenden convertir a la sociedad argentina de víctima en cómplice.

Como acabamos de demostrar, el Gobierno anterior no ordenó la represión ilegal y la sociedad nunca pudo aprobar lo realizado porque nunca se le explicó lo que realmente se hizo. La sociedad argentina siempre fue engañada. Hasta el día de hoy la intentan engañar negando los hechos que ocurrieron. Si la sociedad no sabía, mal puede otorgar la aprobación a lo realizado...

Particularmente deleznable resulta el argumento de la "guerra sucia", esgrimido hasta el cansancio como causa de justificación.

Se nos dice así que esto fue una guerra --a la que para cohonestar los inhumanos procedimientos utilizados en su desarrollo se califica como no convencional-- y que en todas las guerras se producen episodios crueles, que aunque no queridos son su consecuencia necesaria.

En primer lugar, creo necesario dejar claramente establecido que aquí no hubo tal guerra. Tengo muy buenas razones en abono de esta afirmación, y daré sólo unas pocas.

Ninguno de los documentos liminares del proceso habla de guerra, y ello resulta por demás significativo. Porque resulta obvio, señores jueces, que si los tres responsables militares del alzamiento del 24 de marzo de 1976 hubiesen creído que estaban emprendiendo una guerra, cualesquiera fuesen los calificativos que les mereciera, no hubieran omitido esa circunstancia en la proclama revolucionaria.

El gobierno argentino asumió ante los foros internaciones una cambiante actitud que se puede resumir de la siguiente manera:

Primero, mientras se llevaba a cabo el proceso represivo más violento, negar la existencia de los hechos que internacionalmente se denunciaban. En una segunda etapa--que va aproximadamente de 1978 a 1981--relativiz6 la gravedad de los hechos y puso el acento en que la Argentina era víctima de una campaña internacional orquestada por la subversión desde el exterior. Finalmente, recién en 1981, en momentos en que la represión había disminuido cuantitativamente, el gobierno argentino comenzó a hablar en los foros internacionales de que había habido una "guerra no declarada"... En este contexto, cabe recordar que recién el 17 de setiembre de 1981, el entonces embajador ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Gabriel Martínez, declaró ante el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de personas que "los años 1976 a 1978 habían constituido un periodo muy particular de guerra no declarada". Es evidente la reticencia e incredulidad que este tipo de afirmaciones provocaron en la comunidad internacional.

Pero además, qué clase de guerra es ésta en la que no aparecen documentadas las distintas operaciones? Que carece de partes de batalla de lista de bajas propias y enemigas; de nominas de heridos; que no hay prisioneros como consecuencia de ningún combate, y en la que se ignoran las unidades que tomaron parte... Qué clase de guerra es ésta en donde los enfrentamientos resultan simulados, y en la que en todos los combates las bajas sólo hallaron en su camino a los enemigos de las fuerzas legales, que no tuvieron una sola baja. Porque resulta extraño, señores jueces, que una banda de subversivos militarmente organizados, que contaba con armas modernas, no cause a las tropas represoras ni siquiera un herido, mientras todos sus integrantes mueren. Las únicas muertes que pueden contabilizarse en las fuerzas del orden en su gran mayoría, fueron consecuencia de los atentados criminales a que me he referido al comienzo, y en los intentos de copamientos de unidades también ya reseñadas. Pero estos últimos fueron combates leales.

Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada, por bandas anónimas, de ciudadanos inermes?

Y aun suponiendo que algunos o gran parte de los así capturados fuesen reales enemigos, es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia?...

Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? Son objetivos militares los niños recién nacidos?

Se puede equiparar el saqueo del ajuar de una casa con la incautación del parque de artillería enemigo? "Me robaron todo, desde el calzón de mi señora hasta el magiclik de la cocina", relato el testigo Hugo Pascual Luciani.

Son éstas las consecuencias desagradables no queridas de toda guerra?

Pueden hechos de esta naturaleza compararse con los efectos de un bombardeo aéreo a objetivos militares, que necesariamente causan muertes de inocentes?

No señores jueces, ésos no fueron episodios no queridos pero inevitables. Fueron actos criminales comunes, que nada tienen que ver con la guerra. Pero aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas.

Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate, para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra.


Se llega así, señores jueces, a la formulación de una alternativa de hierro: O no hubo guerra y estamos frente a una manifestación de delincuencia común, o la hubo, y entonces enfrentamos a criminales de guerra.

Me voy a referir a la necesidad que había en la Argentina y de cometer los delitos que aquí fuimos viendo que se cometieron. Es evidente que hay delitos que no guardan ninguna razonabilidad, ni ninguna conexión posible con el fenómeno guerrillero. Qué necesidad había de robar, no se adviene; esto pudo ser una razón de conveniencia, de motivar a los integrantes de las patotas. Pero no se adviene ninguna necesidad. La misma represión clandestina se habría podido realizar cumpliendo, respetando, por lo menos, el derecho de propiedad. Tampoco se adviene la necesidad que tenían de asesinar, si tenían en su poder todos los elementos para hacer consejos de guerra y fusilar a quienes hayan cometidos delitos. Quizás exista un punto que merezca un análisis un poco mayor, y es el referido a la tortura.

El general Harguindeguy expuso a monseñor Hesayne la idea que los máximos responsables de la represión ilegal no se atrevieron a plantear ante Vuestra Excelencia: la justificación de la tontura. Harguindeguy y otros oficiales superiores exponían a monseñor Hesayne el siguiente caso: un hombre puso una bomba en un edificio, esa bomba va a explotar en 10 6 20 minutos y puede matar a las 200 personas que allí viven. Le preguntaban si no era lícito torturar a ese hombre para obtener la información que salvaría tantas vidas. El obispo católico les respondió: "No señor general, el fin no justifica los medios", y si bien comparto plenamente la respuesta del obispo, voy a desarrollar el problema desde la perspectiva jurídica. El autor del particular caso de tormentos que propuso el general Harguindeguy podría intentar justificarse en un proceso penal, afirmando que torturó para evitar un mal mayor, la muerte de 200 personas, para que el juez lo absolviera. El autor de tormentos debería demostrar que concurren todos los requisitos elegidos para el estado de necesidad. Por el artículo 34 del Código Penal deberá acreditar, en consecuencia, que el mal era inminente, es decir, que la bomba realmente iba a explotar en 10 ó 20 minutos, pero, además, deberá demostrar que la tortura era la única forma de evitar la muerte de las 200 personas; es decir, que no había posibilidad de desalojar el edificio y que su tamaño y la cantidad de personas que podían participar en la búsqueda impedían encontrar 1a bomba en ese corto tiempo. Sólo después de ello debería también demostrar que se pueden salvar vidas humanas perjudicando la integridad física de una persona. Sea cual fuere la respuesta a este interrogante, aun cuando se aceptara que en esas circunstancias la tortura se justifica, ese hipotético caso no constituiría un precedente a tomar en cuenta en esta causa.

En ninguno de los casos por los que estamos acusando se ha podido acreditar que concurran las excepcionales circunstancias del caso propuesto por Harguindeguy. Pero si en la causa no se acreditó que fuera necesario torturar en algún caso individual, menos aún se pudo acreditar la necesidad de implantar la tortura como método de investigación. Lo triste del caso es que esta era la intención del general Harguindeguy: justificar la tortura como método de investigación, justificar la idea de que era necesario detener gente y torturarla para ver si sabía algo. Retomando el caso propuesto, y si no se hubiera logrado individualizar al que colocó la bomba, tendríamos que llegar a la conclusión de que podría torturarse a los habitantes del edificio, pues serían sospechosos de haber puesto la bomba. De esta forma, los del 3 H, los del 4 D, pasan de su estado de posibles victimas de la bomba al de posibles víctimas de la tortura. De esa misma forma, los ciudadanos argentinos pasaron de ser un posible blanco de la guerrilla a convertirse en un posible blanco de un sistema de investigación que comenzaba con la tortura y terminaba con la muerte.

Quizá se afirme que pretendo minimizar la cuestión. Que la guerrilla constituía una amenaza para la existencia misma de la Nación. El general Videla es quien, en su declaración ante el Consejo Supremo, plantea la cuestión en esos términos. Señala que no es un problema entre dos terrorismos, uno subversivo y otro de Estado, sino que el accionar subversivo tiene como objeto la agresión a la Nación Argentina. Añade que el terrorismo subversivo tenía como objetivo la destrucción de la identidad de la Nación, y, en cambio, el accionar de las Fuerzas Armadas se dirigió a preservar la existencia de la Nación. En sustancia, estas explicaciones se reducen a invocar la razón de Estado, que exige la destrucción por cualquier medio de quienes cometen ciertos delitos, de los sospechosos y también de los simples enemigos políticos (...) Señores jueces: los padres de nuestra Patria, en la época en que realmente estaba en juego nuestro destino como Nación, nunca aceptaron utilizar métodos ilegales o clandestinos. Los primeros gobiernos patrios en 1811 y 1813, distaron normas que resaltaban el valor y la dignidad del individuo. Por cierto que en aquellas tumultuosas épocas hubo que adoptar medidas extremas. Repárese que la Junta de Gobierno de aquellas épocas tuvo que resolver como uno de sus primeros actos el fusilamiento de los máximos héroes de la resistencia a las invasiones inglesas, Santiago de Liniers y Martín de Alzaga.

La Junta, que sólo se estaba consolidando, tuvo que tomar así una decisión que podía acarrearle una gran oposición. Sin embargo, a nadie se le ocurrió que Liniers se fugaba o que había sido matado por un grupo de forajidos. La Junta asumió la responsabilidad y los hizo fusilar. Los acusados no sólo facilitaron la desaparición o muerte clandestina de personas, como Hidalgo Solá o Elena Holmberg, que podían causarles una oposición interna, sino que, en lugar de condenar y fusilar como sus propias leyes lo establecían, a los jerarcas guerrilleros responsables de secuestros y muertes, los mataron clandestinamente, junto con otros miles de víctimas, cuando no los dejaron en libertad, con oscuros propósitos. Y este contraste que he remarcado se advierte a cada paso de la Historia argentina.

En la proclama del 8 de setiembre de 1820 en el Perú, San Martín expresó: "Soldados del Ejército Libertador, no venís a hacer conquista, sino a libertar a los pueblos que han gemido. La ferocidad y la violencia son crímenes que no conocen los soldados de la libertad, y si contra todas mis esperanzas, algunos de los nuestros olvidasen esos deberes, declaro que serán inexorablemente castigados.

Todo el que robe o tome con violencia de dos reales para arriba, será pasado por las armas, previo al proceso verbal que está mandado a observar en el Ejército. Todo exceso que ataque a la moral pública o a las costumbres del país, será castigado hasta con la vida. Soldados, acordaos que toda la América contempla y que sus grandes esperanzas penden de que acreditéis la humanidad, el coraje y el honor que os han distinguido siempre donde quiera que los oprimidos han implorado vuestro auxilio contra los opresores".

El mundo envidiará vuestro destino si observáis la misma conducta que hasta aquí, pero desgraciado el que quebrante sus deberes y sirva de escándalo a sus compañeros de armas. Yo lo castigaré de un modo terrible"...

Bien se ha probado en esta audiencia, y de ello nos hemos ocupado extensamente en pasajes anteriores de este alegato, la realización de múltiples actos ilícitos que a su vez encuadran en diversas figuras del Código Penal. Antes de entrar en el análisis de la intervención de los procesados en estos actos, conviene establecer cuál es la responsabilidad que cabe a los que asumen una participación, cuya particular característica consiste en que no se registra su presencia en el lugar y en el momento en que las actividades ilícitas se desarrollaron y cuya actividad radica en haber dado las órdenes generales a partir de las cuales el conjunto de delitos aquí presentados se cometió.

Esas ordenes a cuyo contenido más adelante me referiré, dadas desde la cabeza del aparato estatal, significaron las asignación de una parte importante de éste, provista de elementos materiales de toda clase, a la realización de una cantidad de actividades comprensivas de muchos y graves delitos descriptos en el Código Penal. Comportaron, asimismo, la prescripción a los integrantes de esa parte del aparato del Estado de realizar secuestros y aplicación de tormentos y homicidas, respecto de una vasta cantidad de personas definidas vagamente sobre la base de una categoría genérica como individuos subversivos, y caracterizados todos ellos solamente por su enfrentamiento mas o menos fuerte con el sistema de gobierno imperante en ese momento.

Esas órdenes importaron a su vez, en razón de las particularidades de funcionamiento que se prescribieron para ese sector del aparato estatal --esto es la clandestinidad de su modo de operar y la absoluta libertad de acción para sus integrantes, a fin de que determinaran los objetivos dentro de ese marco vagamente descripto --la aceptación de que en ese ámbito operativo habrían de cometerse masivamente otro grupo de delitos, tales como robos, abortos, violaciones y supresión del estado civil de menores, así como también los mismos delitos antes señalados pero respecto de personas ajenas a la vaga caracterización inicial.

La cuestión a plantear en este momento ante el Tribunal consiste, pues, en establecer cuál es el encuadramiento legal dentro de las formas de participación conocidas en el Código Penal de la conducta de los procesados respecto de los delitos a que hemos hecho referencia. Situaciones fácticas como las que se plantean en autos, registran precedentes en la historia jurisprudencias nacional e internacional.

Quiero, entre ellos, mencionar a tres porque me parecen particularmente significativos, para denotar conceptualmente la caracterización jurídica de la conducta de los procesados.

Me refiero a los casos STACHINSKIJ, EICHMANN y CALAZA. Los dos primeros, como es sabido, son ajenos a la jurisprudencia argentina, y el tercero pertenece a nuestros registros jurisprudenciales. En el primero de ellos, homicidio cometido por un integrante de un servicio secreto, se sentó la doctrina de que la conducta desplegada por un individuo que realiza totalmente los elementos del tipo penal, puede empero ser asignada a otro u otros individuos a título de autor, no obstante que el primero es considerado punible. Análoga situación se da en el segundo de ambos casos, homicidios múltiples, de cuya comisión resultó imputado el encargado de seleccionar a las victimas.

Aquí no se trataba ya de la realización de un delito individualmente considerado, sino de una serie numerosa de delitos, en alguna medida similares a los que están bajo juzgamiento ante estos estrados. En ellos aparecía sometido a juzgamiento, no ya como en el caso anterior aquel que ejecutó materialmente los delitos incriminados, sino una persona que formaba parte de la cadena de transmisión de órdenes ilegales que dieron lugar finalmente a la realización de los delitos. También allí fue considerado autor el sujeto enjuiciado, no obstante ser ajeno a la realización material de algún acto de los descriptos en el tipo delictivo.

En el tercero de los precedentes referidos que, como dije, pertenece a la jurisprudencia argentina, el autor de una orden antijurídica fue sometido a juicio y condenado pese a que la realización directa de la totalidad de los elementos del tipo que entraba en consideración fue llevada a cabo por una tercera persona, la cual ni siquiera fue sujeto de proceso, no obstante estar individualizada y presente. La característica común, huelga subrayarlo, entre los tres casos citados está dada por la incriminación a título de autores de personas distintas a las que desplegaron la conducta contenida en el tipo penal pese a la plena responsabilidad en los dos primeros de quienes ejecutaron materialmente la conducta típica.

En esos casos, y en el de autos, la cuestión que se encuentra planteada es la siguiente: quién es el autor de los hechos delictivos que se cometen mediante la utilización de un aparato organizado de poder? O bien, para circunscribir la pregunta a lo que es materia de decisión en estos autos, puede ser considerado autor de los hechos delictivos cometidos en el seno de un aparato organizado de poder el que dirige esa estructura de poder aunque no haya participado materialmente en la ejecución de los hechos? Puesta aun de otra manera la pregunta: el que dirige un aparato organizado de poder, domina los hechos delictivos? Es dueño de la situación delictiva, a pesar de no intervenir personalmente en la realización de ésta?

Si la respuesta a ese interrogante es, como creo, afirmativa, se podrá sostener que el llamado autor de escritorio domina los hechos que realiza el aparato de poder que dirige; esto es que sobredetermina la causalidad que conduce a todos y cada uno de los hechos ilícitos realizados por ese aparato de poder. Marginalmente, esa respuesta apareja consecuencias distintas de las que se producirían si a idéntico interrogante se respondiera diciendo que se trata de instigadores y no de autores.

En efecto, la afirmación de que son autores lleva a sostener que el comienzo de ejecución tiene lugar en el momento en que se dan las órdenes ilegales y, consecuentemente, que tienen la posibilidad de desistir de los actos ilícitos emprendidos, dependiendo el funcionamiento de la excusa absolutoria correspondiente al desestimiento de la eficacia o ineficacia de éste. El uso de la expresión aparato organizado de poder, admitida hoy sin discrepancia en la doctrina que se ocupa del tema, obliga siquiera brevemente a esclarecer el alcance que se le asigna.

En la conformación estructural de ese tipo de organización aparece a la cabeza un centro de decisión desde el cual se imparten las directivas que se traducen en la realización de actos ilícitos. En ese centro de decisiones está, pues, la posibilidad de cometer o no cometer la actividad delictiva de que se trate. Cabe señalar, además, que en estas organizaciones existe una estructura objetiva suficiente, que justifica el traslado o emisión del carácter de autor a quien da las órdenes sin restarlo del ejecutor inmediato de ésta. De esta manera, y vale reiterarlo, el aparato se presenta objetivamente como el fundamento de la extensión de la categoría de autor a quienes se encuentran en la cúspide de las estructura.

La alta autoridad competente en este tipo de organizaciones domina el hecho de modo tal, que tomada la decisión de que ocurra determinado episodio delictivo, éste acontece automáticamente. Es el dato específico que caracteriza a estos aparatos organizados de poder. Por otra parte, es de señalar que el encargo se cumple sin necesidad de que se conozca a los directos ejecutores. Esta es otra particularidad que infrecuentemente se presenta en las situaciones corrientes. Particularidad que conduce a afirmar otro dato fundamental en la identificación de esos aparatos.

Es la "fungibilidad de los ejecutores de las órdenes". De este último elemento se deriva que en el supuesto de que alguien no cumpla la decisión tomada, otro se encargará de ejecutarla en su lugar, pues una estructura de talos características posee la capacidad de reemplazo necesaria para que cada pieza de la máquina sea sustituida inmediatamente por otra que realice la misma función, de manera que el destino final de la orden se cumpla inexorablemente. Delineados pues los rasgos típicos de estas organizaciones, corresponde analizar ahora cuáles han sido las respuestas dadas por la doctrina en relación con la responsabilidad de aquellos que toman las decisiones de esos aparatos de poder, los denominados "autores de escritorio". Dos respuestas se han dado en la doctrina respecto de la cuestión planteada; para una de ellas se trata de autores mediatos. Para la segunda se trata de coautores.

La autoría mediata es, ni más ni menos, la sobredeterminación de la causalidad mediante terceros. Los casos corrientes de autoría mediata conocidos desde antiguo en nuestra doctrina y recibidos también en la doctrina universal antes del desarrollo de la cuestión puesta de manifiesto, por situaciones como la aquí enjuiciada, desarrollo que particularmente se registra a partir de la sentencia dictada en el caso EICHMANN en el año 1963 tiene como común denominador la circunstancia de que el tercero, llamado autor inmediato, carece del manejo propio del hecho, carece por alguna razón del dominio del hecho, sea que se trate de un sujeto que obra bajo el efecto de un error típico, sea que obre bajo coacción. Hipótesis éstas las más importantes, en todos los casos el autor inmediato aparece como una persona carente de algún requisito necesario para afirmar que es el dueño del hecho que ejecuta.


Además, un comandante es responsable si él tiene el conocimiento efectivo de que las tropas u otras personas bajo su control están cometiendo o están a punto de cometer un crimen y él omite injustamente tomar los pasos necesarios y razonables para obtener el cumplimiento del derecho de guerra"...

Arribamos así señores jueces, a nuestras conclusiones. Antes hay algunas cuestiones previas. No sobreabundaremos con la descripción del sistema creado, pero el imperativo del articulo 361 inciso 6 del Código de Justicia Militar que me obliga a enumerar los casos respecto de los cuales no formularé requisitoria, ofrece la ocasión para revelar un cúmulo de casos que, si bien no refinen pruebas como para tenerlos por acreditados individualmente, unidos demuestran la eficacia que con dicho sistema cumplió con su función de ocultar los hechos que se perpetraban. Por estos casos que voy enumerar ahora, pido concretamente la absolución.

Creo también necesario aclarar respecto del delito de encubrimiento que la no imputación a alguno de los integrantes de determinadas juntas se debe a que teniendo al máximo de pena conminada, se encontraba prescripto, teniendo en cuenta la fecha de asunción de la respectiva comandancia en jefe.

Se ha probado durante este juicio la existencia de un plan criminal que no concluyó cuando fueron reemplazados los procesados GALTlERI, ANAYA y LAMI DOZO. La crisis interna que produjo entre las autoridades del Proceso de Reorganización Nacional la derrota militar sufrida en las Islas Malvinas, no importó ningún cambio en las directivas dadas a raíz de la lucha contra la subversión.

Esta fiscalía ha probado que hubo por lo menos una persona privada ilegalmente de su libertad y reducida a servidumbre cuando abandonaron sus cargos los procesados GALTERI, ANAYA y LAMI DOZO. La mera posibilidad de que Victor Melchor BASTERRA haya continuado en la condición descripta durante este alegato, merece ser investigada. Pero, ademas, este Ministerio Público ha aportado suficientes elementos de prueba para inferir que los encubrimientos de los delitos por los que aquí he acusado, siguieron cometiéndose cuando asumieron el poder los miembros de la última Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional y la Presidencia de la Nación el general Reynado BIGNONE.

Entiendo que también habría que investigar si se siguieron proporcionando informes falsos a la Justicia. Por ello, en cumplimiento del deber que me es impuesto por la ley, dejo formulada la denuncia anterior, para que se investigue por donde corresponda la posible comisión de delitos por parte del general Cristino NICOLAIDES, el almirante Rubén Oscar FRANCO, el brigadier Augusto Jorge HUGHES y el general Reynaldo BIGNONE.


Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.

Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.

Señores jueces: 'Nunca más".

FUENTES:

http://www.taringa.net/
http://www.nuncamas.org/
http://es.wikipedia.org/

La Contradiccion Fundamental

La  Contradicción Fundamental en la Argentina

 

INTRODUCCIÓN

En los albores de nuestra Patria, José de San Martín daba la libertad a medio continente ante la CAUSA DEL GENERO HUMANO.

A fines del siglo XIX, otro prohombre americano, Leandro Nicéforo Alem fundador de la Unión Cívica Radical, definía el accionar del movimiento que nacía diciendo: NUESTRA LUCHA ES POR LA CAUSA DE LOS DESPOSEÍDOS.

Con esta bandera fue encabezada la lucha contra el UNICATO que tuvo su expresión más relevante en la REVOLUCION DEL PARQUE el 26 de Julio de 1890, a raíz de la cual posteriormente cae el gobierno de Juárez Celman. Esta lucha continuó en la búsqueda del SUFRAGIO UNIVERSAL Y SECRETO generando las REVOLUCIONES DE 1893 Y 1905.

La Unión Cívica Radical, ya liderada por Hipólito Yrigoyen proclama ante el mundo LA CAUSA de la democracia gobernando la Argentina, LA CAUSA del pueblo gobernándose a si mismo, LA CAUSA CONTRA EL REGIMEN FALAZ Y DESCREÍDO.

A través del análisis de nuestra historia vemos que siempre existió el mismo enfrentamiento en el seno de la sociedad Argentina.

Yrigoyen convoco al pueblo a luchar contra las minorías defensoras del privilegio y nuevamente fue levantada la bandera de LA CAUSA CONTRA EL REGIMEN.

En la actualidad el problema fundamental de Argentina sigue siendo el mismo. Las minorías defensoras del privilegio dispuestas a todo con tal de mantener sus prerrogativas, enfrentadas a la mayoría del PUEBLO ARGENTINO.

Es decir, la causa frente al régimen, la democracia o la dictadura militar, justicia social o minorías privilegiadas, liberación o dependencia, pueblo o antipueblo. Esta es la Contradicción Fundamental en la Republica Argentina de nuestros días.

 

Junta Coordinadora Nacional

 

JUVENTUD RADICAL

 

Republica Argentina, Junio de 1983.

 

 

1- Concepto

 

Damos el nombre de contradicción fundamental al enfrentamiento principal de sectores sociales en una sociedad determinada, que por su importancia trasciende el marco de los demás enfrentamiento sectoriales que existen los cuales adquieren un carácter secundario y proyecta sus consecuencias hacia todos los sectores de esa sociedad. En toda sociedad hay gran número de conflictos, tensiones y luchas de todo tipo: de orden económico, cultural, político, religioso, racial, etc.; la verificación y determinación de cual es el conflicto o contradicción fundamental es la guía más adecuada para saber hacia donde debemos orientar nuestra política. Saber determinar la contradicción principal, sus características, su dimensión y sus componentes sociales, así como saber elaborar su solución es el paso fundamental para el análisis de una sociedad y para el desarrollo de una actividad política correcta.

 

La contradicción fundamental se expresa de diversas formas y en diversos planos. Un problema que traba el desarrollo nacional e impide la realización de un país el nuestro, por ejemplo- abarca un complejo de situaciones en todos los ordenes, inseparables los unos y los otros, de ahí que en nuestro análisis no debemos esquematizar nuestra visión para reducirla a un solo sector de la realidad- el político, por ejemplo- sino que debemos estudiar el problema principal en su totalidad, sus matices y grupos sociales integrantes, la forma en que actúan y se relacionan entre si, para encontrar la solución mas adecuada a la contradicción fundamental, superarla y pasar a un estadio mas elevado del desarrollo social, seguramente con otra contradicción principal y otros problemas. Todo debe ser motivo de un análisis objetivo y desapasionado: la actuación de las clases sociales, de los grupos de poder, de los factores de presión, de las organizaciones populares y antipopulares, de las instituciones armadas, etc.

2- La Contradicción Fundamental en la Argentina actual.

 Luego de analizar objetivamente la historia Argentina, el funcionamiento de nuestra economía, de nuestra política y de nuestra cultura, los jóvenes radicales hemos coincidido en que la contradicción fundamental en nuestro país es de carácter nacional es decir que, lejos de parcializar la zona de conflicto, este se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional, o sea que nuestro problema principal no tiene como determinante el conflicto por la distribución del ingreso entre trabajadores y empresarios, ni pasa por enfrentamientos raciales o religiosos, ni por la lucha entre un partido político con otro en los procesos electorales. La contradicción fundamental que sufre la Argentina es la que enfrenta a toda la Nación con los intereses de todo orden que quieren destruirla.

 

Los protagonistas de esta contradicción son: el Pueblo Argentino por un lado y el complejo antinacional oligárquico-monopólico-imperialista por el otro.

 

La Nación necesita independencia para lograr su realización y la felicidad de su pueblo. El complejo antinacional necesita, por lo contrario, un país debilitado para hacer buenos negocios y para ello se da una tarea de debilitamiento de la Nación, en todos los órdenes: económico, político, cultural, moral.

 

Son dos campos sociales, dos polos económicos, políticos e históricamente irreconciliables, a los que también denominamos Pueblo y antipueblo. Son irreconciliables porque sus intereses son correlativamente divergentes, es decir que el beneficio de uno lleva implícito el daño a los intereses del otro y la evolución del proceso social y económico conduce inexorablemente a una acentuación de esta contradicción fundamental que se hace cada vez mas tensa y solo se resolverá con la Destrucción Integral de uno de sus polos y el Triunfo del otro.

 

Este carácter irreconciliable entre los intereses del pueblo Argentino y los de sus enemigos se ira comprendiendo y profundizando a medida que se avance en el estudio de las contradicciones y de las luchas concretas del pueblo por sus reivindicaciones, contra el antipueblo, y la naturaleza esencialmente diferente de los componentes de ambos campos.

3- Componentes sociales de los dos términos de la Contradicción Fundamental.

 

Al definir a la contradicción fundamental en la Argentina como una contradicción de características Nacionales, lo hacemos para comprender la complejidad de su estructura, de su dinámica interna y de sus expresiones. Con esto queremos decir que el problema Argentino tiene riqueza en matices mucho más grande que si la lucha principal fuera entre trabajadores y empresarios, por ejemplo, como lo es en algunas sociedades mas desarrolladas.

 

Componen el campo del Pueblo, la clase trabajadora urbana y rural, las clases medias (pequeña y mediana burguesía comercial, industrial y rural), los profesionales, la intelectualidad progresista y el movimiento estudiantil. Cualitativamente abarca más del 95 % de la población y de su trabajo sale la producción Nacional.

 

Componen el campo del antipueblo, los grupos económicos y empresariales vinculados al imperialismo norteamericano, ingles, europeo y multinacional, la oligarquía terrateniente, los monopolios exportadores e importadores y de la intermediación, y la oligarquía financiera. Cuantitativamente conforma el 5 % de la población y posee en sus manos la inmensa mayoría del poder económico y de la producción Argentina. Históricamente ha tenido el manejo de los resortes económicos y culturales claves y es el gran responsable del atraso del país, por haber utilizado siempre el trabajo del Pueblo Argentino en función de sus intereses parasitarios.

 

Párrafo aparte merecen las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Si bien creemos en la necesidad de que la Nación tenga sus F.F.A.A., las actuales no tienen nada que ver con las que el país necesita; pues se han convertido en un ejercito de ocupación de su propio territorio, para posibilitar así que los personeros del imperialismo apliquen las políticas que les dictan sus patrones desde los centros del poder mundial (Vg.: gestiones de Pinedo, Alzogaray, Krieger Vasena, Martínez de Hoz). Argentina necesita F.F.A.A. modernas, eficaces, profesionales sin servicio militar obligatorio y firmemente consustanciadas con la Nación. Las escuelas militares deben formar hombres de la talla del Gral. San Martín y del Gral. Mosconi; Uriburus, Videlas y Cia. deben ser parte de la historia negra Argentina que debemos enseñar a las nuevas generaciones para que jamás se vuelva a repetir las circunstancias que posibilitaron que estos nefastos personajes junto a los ministros de economía antes nombrados vuelvan a dirigir los destinos de la Argentina, en beneficio de los intereses del imperialismo de turno y sus circunstanciales personeros.

 

La Iglesia Católica a través de la doctrina social y luego de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano de Medellín y Puebla, se ha preocupado profundamente por el hombre que sufre situaciones de pobreza y relaciones de injusticia..., pero lamentablemente la estructura formal de la Iglesia Católica Apostólica Romana de nuestro país no ha participado con énfasis en la lucha por la democracia y la igualdad de los pueblos de nuestra América pobre, como lo han hecho Iglesias de países hermanos.

 

4- Forma de acción política del antipueblo.

 

El campo del antipueblo caracteriza su accionar a través de los distintos sectores que lo conforman. Los grupos económicos y empresarios vinculados al imperialismo utilizan la política imperialista mundial de cuyo sistema la Argentina forma parte. En ese sentido, el imperialismo intenta determinados roles para los distintos sistemas económicos nacionales que domina o trata de dominar; normalmente, este rol es el servir de válvula de escape a las superproducciones y excesos industriales de los países centrales, no solo de bienes de consumo sino de bienes de capital y maquinas herramientas. La dependencia de países neocoloniales, en síntesis, es indispensable para la existencia del imperialismo ya que de no existir estos sistemas escapes, las crisis económicas se producirán dentro de los límites nacionales de los países centrales.

 

A los grupos imperialista les interesa actuando en consecuencia- convertir a las economías de los pueblos que sojuzgan en apéndices del sistema imperialista, aunque esto provoque el estancamiento y el atraso de los países dependientes.

En algunos casos empujan inteligentemente una falsa política de desarrollo que posea bases económicas en los países dependientes, sino que este caracterizada por la subordinación tecnológica que mantiene a través de sus equipos industriales excedentes y en desuso que son vendidos a los países coloniales como ayuda para ese desarrollo. Por supuesto que esta ayuda nunca esta dirigida a las verdaderas causas del atraso, ni a sentar las bases de un sistema económico Nacional Autónomo, autosostenido e independiente, asentado sobre el desarrollo de las industrias básicas: industria pesada, de bienes de capital y de maquinas-herramientas. Por el contrario, las característica de la ayuda es el interés del imperialismo al que no le importa ni tiene en cuenta las necesidades locales, sino sus motivaciones empresarias monopólicos.

 

Por su parte, los sectores entreguistas de la burguesía desarrollan una acción política imperialista sumamente peligrosa por la sutileza y aparente razonabilidad y además, por la imagen de modernista y transformadora de que suele disfrazarse. Es consecuentemente abrazada por empresarios con vocación de entrega que luego se transforman en gerentes de monopolios extranjeros o burguesía gerencia y esconden esta naturaleza esencialmente antinacional por un leguaje aparentemente antiimperialista destinado a confundir a las clases populares. Así, por ejemplo, hablan de romper la estructura agro-exportadora, de tecnificar el agro, de racionalizar los servicios públicos y de transformar la estructura agrícola-ganadera y pastoril de nuestra economía por una estructura industrial moderna.

 

Pero lo cierto es que esa vocación de desarrollo es en aquellas áreas industriales en las que tienen excedentes de equipos industriales los países centrales. Que la tecnificación del agro debe encararse sin preocuparse de la transformación del régimen de tenencia de la tierra, o sea sin realizar la reforma agraria. Que el desarrollo Argentino debe basarse en el capital extranjero ya que da por supuesta la aberración de sostener que el ahorro Nacional no alcanza para financiar el desarrollo. Sostiene que la única dependencia nacional se produce por la estructura fundamentalmente agropecuaria de la economía, confundiendo deliberada e intencionalmente los términos para después sostener que el remedio consiste en dar a la economía un desarrollo industrial, cualquier desarrollo industrial, cuando la verdad es que con un desarrollo industrial dependiente, los vínculos de dominación imperial son aun mas fuertes que con un desarrollo agropecuario dependiente, ya que a la denominación clásica se une la tecnología: el país queda atado para la renovación de equipos, repuestos, financiación, etc., al imperialismo.

 

En síntesis, este esquema pretende cambiar el contenido económico Nacional, de agropecuario que no es tal pues existe un grado de desarrollo capitalista deformado en industrial, pero sin alterar los términos de las dependencia, e incluso agravándolos.

 

La política imperialista no solo encuentra sus defensores en los sectores entreguistas de la burguesía, sino que también es defendida por la oligarquía terrateniente- clase social que ocupa el decanato en política antinacional y por el liberalismo.

 

Tradicional aliada del imperialismo ingles, la oligarquía terrateniente defiende el libre empresismo como doctrina económica para favorecer de esta manera la colocación de sus carnes y cueros, y coincidiendo objetivamente con los intereses imperialista. Afianza sus lazos con los monopolios exportadores e importadores, con los intereses de la intermediación y con los capitales frigoríficos ingleses, regulando y deformando el desarrollo económico Argentino.

 

La oligarquía no es, normalmente, desarrollista. Le interesa mantener sus privilegios como clase social y su ideología es la del más crudo liberalismo, libre aduanista y antiestatista. Sus intereses se centran en la propiedad latifundista de la tierra y aprovecha rentas parasitarias a través de las formas semifeudales de la aparcería, la mediería y el arrendamiento. Esto no le impide haber desarrollado algunas formas capitalistas de explotación agraria, pero siempre sobre la base de la propiedad latifundista.

 

Su idea como clase es una sociedad con poca población humana y mucha población vacuna- un habitante cada cuatro vacas como alguna vez dijo Faustino Fano, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina- y sus concepciones son, sin lugar a dudas, sumamente retrogradas desde el punto de vista económico.

 

El vínculo tradicional de la oligarquía latifundista con el imperialismo se manifiesta por ejemplo a través de los monopolios exportadores e importadores. Bunge & Born, Dreyfus, etc., son el lazo económico que completa el circuito antinacional, teniendo en sus manos la comercialización de la gran mayoría de la producción agropecuaria Argentina. Los beneficios de comercio exterior, así, no pasan a financiar el desarrollo independiente del país; todo lo contrario, a través de la banca privada extranjera o pseudonacional, pasa a financiar la radicación de empresas multinacionales que luego giran libremente al exterior sus dividendos, royalties, derechos de marca y fabricación, etc., fortaleciendo de esta manera la dependencia.

 

Respecto de la oligarquía financiera, esta instrumenta su acción política en los países de economía capitalista dependiente como el nuestro, en base a las líneas directrices que a nivel mundial son trazadas por los grandes centros del poder financiero internacional.

A fines de colocar en las áreas claves del gobierno a funcionarios vinculados con sus intereses, aquellos centros de poder digitan y respaldan la irrupción de regímenes totalitarios, generalmente encabezados por sectores comprometidos de las F.F.A.A., que desde 1930 han actuado de esta manera sistemáticamente.

 

A partir de ello, su labor consiste en lanzar determinados paquetes de medidas cambiarias, arancelarias, impositivas y crediticias ordenadas desde el exterior, que desalienten la producción Nacional y favorezcan el establecimiento y enriquecimiento del mayor numero posible de sucursales multinacionales y seudonacionales de aquellos grandes grupos financieros, sin ofrecer trabas para que sus enormes utilidades puedan ser giradas libre y fácilmente hacia sus oficinas centrales.

 

Dado que los gerentes y directores de estos grupos financieros son a su vez funcionarios del gobierno, por medio de estas medidas como por ejemplo el manejo de las tasas de interés, la subvaluación arbitraria y artificial de las divisas, los porcentajes arancelarios de la exportación y la importación, y la política fiscal-, se opera un evidente transferencia de la riqueza Nacional basada en la producción, hacia los factores de la especulación financiera, ya que el dinero que ellos manejan, elemento de por si improductivo, se ha transformado en el eje del sistema económico.

 

Así se produce el deterioro del aparato productivo agropecuario e industrial, el desmantelamiento de las economías regionales, la caída del salario y la desocupación de las clases trabajadoras, etc., con lo cual se frenan todas las posibilidades de desarrollo del país dependiente.

 

Por otra parte este tipo de acción política debe estar necesariamente apoyado en el crecimiento desmedido de la dominación militar sobre la sociedad civil, con el correlativo incremento de los gastos de seguridad y la confiscación de las libertades publicas y las garantías individuales por medio de un complejo aparato represivo que le asegure el desmantelamiento de todas las organizaciones políticas y sociales que a través de la participación popular puedan oponer alguna resistencia en defensa del interés general, la represión física e ideológica, la esterilización masiva de la creatividad popular, la colonización, el manejo de la información, etc., para evitar todo foco de oposición al sistema, al cual termina por destruir por completo el aparato productivo de la Nación y lo que es mas grave, modifica su estructura social en función de lograr que una ínfima minoría o elite intelectual que mantiene la posibilidad de acceder a la cultura, con el poder económico y orientación castrense, gobierne a todo un pueblo económicamente empobrecido y culturalmente adormecido.

 

Los intereses del antipueblo tienden pues, necesariamente, a desconocer las necesidades de las grandes mayorías populares. El resultado de la política del antipueblo en el poder, defendiendo sus mezquinos intereses, produce resultados negativos en todos los sectores del campo popular.

 

En la clase trabajadora, cuyos salarios son congelados o mínimamente aumentados por la política imperialista; cuyas fuentes de trabajo son cerradas o racionalizadas, sin crearse otras nuevas, cuyos sindicatos son intervenidos si protestan: cuyas conquistas sociales son barridas y negadas y cuyo índice de desocupación aumenta cada día más.

 

En los empleados públicos, objeto de irracionales prescindibilidades llevadas periódicamente adelante con el pretexto de reducir los gastos del Estado, que se elevan a suma siderales, no por los sueldos abonados a los empleados, sino por los derroches armamentistas y el servicio de la deuda externa contraída con los gobiernos antipopulares.

 

En los jubilados y pensionados, cuyas cajas son intervenidas y saqueadas. En los técnicos obligados a emigrar por el estancamiento del país. En los profesionales afectados por la situación general de iliquidez; en los artistas y escritores, censurados y sometidos culturalmente por el oscurantismo represivo.

 

En el empresario Nacional no conciliador, perjudicado por la introducción sin freno de mercaderías extranjeras producidas en masa y bajo costos, y perjudicado también por la política crediticia destinada a financiar la radicación de fuertes empresa extranjeras alas que se les brinda toda protección oficial. Esto a llevado en muchos casos a la transferencia directa de auténticas empresas Argentinas al capital imperialista favorecido por la subvaluación de nuestro signo monetario.

 

En las clases medias, afectadas por la dramática situación económica y el receso e inmovilidad económicas producidos por políticas antipopulares, además de estar presionadas por medidas accesorias de distinta índole (leyes de arrendamiento, limitación del crédito, etc.) y por la fuerte presión impositiva.

 

Y finalmente respecto del accionar del imperialismo, debemos decir que cuando sus intereses directos corren algún grado de peligro, no dudan de participar activamente en derrocamiento de gobiernos democráticos ni en invadir militarmente otros países. La historia del mundo es rica en ejemplos, pero particularmente la de América Latina, que desde la Política del Garrote norteamericana hasta Malvinas nos demuestra que no vaciló ni vacilará jamás en usar todos los recursos a su alcance para defender sus privilegios.

 

5- Expresión de la contradicción fundamental desde 1976.

 

Además de ser un realidad compleja, la contradicción fundamental en la Argentina es enormemente grave porque pone en cuestión la propia existencia de la Nación. Si hay algo que enseñó descarnadamente el proceso iniciado en Marzo de 1976 es que el sector antinacional de la contradicción principal en la Argentina no tiene escrúpulos en la propia destrucción de la Nación Argentina si ello es necesario para perpetuar su dominio y acrecentar su poder económico.

 

Esto quiere decir que no se trata de una simple pugna por diferentes orientaciones económicas, como si fuera una inocente discusión ideológica. Por el contrario, la ofensiva antinacional iniciada en 1976 fue una colosal arremetida en todos los planos. El objetivo de destruir a la Nación se dio en la economía, es cierto, pero también en la política, en la educación, en la salud, en la cultura. Y así como se logró desmantelar el aparato económico y productivo, también se hizo lo propio con el aparato político, con la organización gremial y empresaria, con la cultura Nacional y con la salud del Pueblo. Y hasta con la conformación mental, con el alma Nacional a la que se intentó vaciar del contenido tradicional, humanista, solidario y fraterno para hacerla competitiva, individualista, egoísta, inhumana. Todo lo que conforma una Nación, lo que hace una entidad diferente, que posibilita la realización de su pueblo, fue objeto de ataque despiadado. Hasta la historia que también se negó y distorsionó.

 

Por eso se prohibió la actividad política y estudiantil, desmantelando la estructura política del pueblo. Por eso se prohibió la actividad gremial de los obreros y empresarios Nacionales, impidiendo la defensa de los intereses legítimos del sector. Por eso se amordazó la comunicación social y por eso se ahogó la cultura, con la censura y la represión ideológica. Y por eso se pasaron a retiro decenas de cuadros de las fuerzas armadas que no coincidían con los Objetivos del Proceso llevando así a la práctica el totalitarismo más absoluto que conozca la historia Nacional. Detenidos sin proceso, desaparecidos, miles de compatriotas asesinados, centenares de miles de exiliados y un pueblo atontado, no son consecuencias no queridas: son un objetivo fríamente perseguido.

 

La doctrina monetarista de la Escuela de Chicago fue el andamiaje ideológico-económico, con el instrumento de la peste financiera; la doctrina de la Seguridad Nacional delineada por el Pentágono, fue el andamiaje ideológico-político; la doctrina del Eficientísmo y de la Subsidiariedad del Estado fue el argumento para destrozar la salud y la educación públicas. Todo en el marco de una negación del derecho de libre discusión, de polémica pública, de cuestionamiento libre a las medidas de gobierno, en síntesis, de negación del funcionamiento democrático que, en sí, es una trinchera contra todos los intentos antinacionales y antipopulares.

 

Cada aspecto de la realidad que analicemos nos muestra una expresión de la contradicción fundamental. En cada episodio de la realidad cotidiana vemos la proyección de ésta opción que enfrenta a la nación con sus enemigos, desde una decisión económica que aumenta las tasas de interés con el argumento anticientífico y caprichoso que deben acompañar a la inflación, hasta una cultural que fomenta determinado tipo de música comercial extranjera.

6- La estrategia del antipueblo.

 

El perder de vista la cuestión principal posibilitó que los radicales ayudaran a la oligarquía en el golpe del 55 y que los peronistas al golpe del 66. Ambos, por encima de sus justificativos parciales, actuaron sin comprender el tenor de la contradicción principal del país. Pero lo que es más grave, permitieron que a raíz de La historia nos demuestra, además, que la estrategia del complejo antinacional ha sido la de impulsar sistemáticamente la división artificial de las mayorías nacionales, las cuales, mas allá de sus diferencias parciales, están unidas por su contradicción básica e irreconciliable con el antipueblo. Así, el complejo antinacional a tendido a que los distintos sectores nacionales se enfrenten entre sí por problemas secundarios, perdiendo de vista el problema o la contradicción principal. Esto ha llevado a un debilitamiento de la cohesión solidaria entre los componentes de la Nación, lo que ha provocado que, por un lado, nuestro país no haya podido empezar un camino libre de crecimiento y prosperidad y por el otro que nuestros diversos sectores nacionales hayan hecho crecer tanto sus enfrentamientos parciales que han perdido de vista, históricamente, cual es el problema principal, dando erróneamente a los enfrentamiento internos el carácter de fundamentales.

 

Estas dos consecuencias son a su vez causas, porque a raíz de ellas se agrava el problema principal de nación- antinación. Ello pasa porque ante la falta de claridad de comprensión del problema fundamental del país por parte de sus sectores más importantes, esta desorientación y división artificial es aprovechada por importantes intereses económicos y políticos para avanzar de su situación de dominio y perpetuar la dependencia y desintegración Nacional.

 

La lucha que por años protagonizaron peronistas y radicales, por ejemplo, con tener sus justificativos parciales (contradicción secundaria), perdió de vista que por sobre ella debía existir una coincidencia fundamental entre ambos en cuanto a las pautas fundamentales del país que necesitamos. Esta afirmación no implica distribuir culpas sino hacer experiencia histórica, comprendiendo los errores que el campo popular cometió al antagonizar sus enfrentamientos intestinos. Ello dividió fuertemente al pueblo, a sus conducciones políticas, a sus clases sociales, y permitió que sobre ésta división cabalgaran quienes tenían intereses contrapuestos a los intereses de la mayoría de los Argentinos representados por el peronismo y el radicalismo. Estas actitudes equivocadas, se ahondaran la división en el seno del Pueblo, debilitando la fuerza de la Nación para defenderse de sus verdaderos enemigos.

 

7- Planteo básico de la estrategia del campo popular.

 

Por lo tanto, si el enemigo de la Nación ha intentado sistemáticamente imponer su máxima dividir para reinar, nuestra respuesta debe ser la unificación de las fuerzas que componen el campo popular, para realizar la Liberación Nacional, pues a la gigantesca y poderosa alianza del antipueblo, sólo se la podrá derrotar y vencer con una alianza social más poderosa e invencible: la que inexorablemente tomará el Pueblo Argentino.

 

Si bien tanto el campo popular como el antipueblo canalizan sus diversas formas de acción política por medio de sus expresiones partidarias, debemos comprender con claridad que no existe un partido o movimiento que represente a la totalidad del pueblo, ni movimiento, partido o expresión de cualquier tipo que represente la totalidad del antipueblo.

 

Asimismo, la vida política, tanto del pueblo como del antipueblo, no se reduce a sus expresiones partidarias. Así el pueblo expresa sus intereses políticamente también a través de sindicatos obreros, huelgas, movilizaciones, colegios profesionales, movimiento estudiantil, movimientos agrarios, organizaciones del empresariado Argentino no comprometido con la penetración imperialista y organizaciones de la intelectualidad progresista.

 

El antipueblo, a u vez, se expresa a través de equipos ideológicos que integran sus diferentes organizaciones, las organizaciones del empresariado entreguista y antinacional, de las organizaciones latifundistas de la oligarquía (Sociedad Rural) y de la gran prensa, y otros factores de poder.

 

Esto nos indica que no se debe esquematizar el análisis hasta concebir a la sociedad argentina en un maniqueísmo sin matices. Todo lo contrario, la sociedad tiene una riqueza dialéctica en expresiones parciales de la clase, en contradicciones secundarias, en circunstancias políticas supraestructurales y en innumerable motivaciones de orden cultural, moral, efectivo, ideológico, religioso y político que a veces desfiguran la clara visualización de la Contradicción Fundamental en una confusión que asiduamente es empujada por el antipueblo a través de los medios de comunicación masivos, domina, creando imágenes falsas, dando noticias distorsionadas o falseadas, etc.; a fin de fracturar el campo del pueblo enfrentando a las clases sociales objetivamente aliadas (por ejemplo, trabajadores y clases medias) parar trasladar el eje de discusión política ficticiamente de la verdadera opción Pueblo-antipueblo, a falsas opciones sobre las que perdura su dominación.

 

Por ello es indispensable identificar con una claridad absoluta cual es nuestro enemigo. No se trata aquí de una lucha contra fantasmas. Por el contrario, hay sectores perfectamente identificados, hay intereses y hay grupos sociales cuya existencia como tales es incompatible con la Nación. No asumir esta realidad significaría un error tan grave como peleamos por problemas secundarios.

 

Es así que el objetivo fundamental de nuestra estrategia debe ser unificar a todas las fuerzas que componen el campo popular en la sociedad argentina, radicales, peronistas, socialistas, trabajadores, empresarios, clases medias, hombres de campo, artistas, intelectuales, docentes, amas de casa, unidos también con aquellos militares que honren a San Martín y a Moscón, para luchar por la grandeza de la Nación y para derrotar a la peste financiera, a los intereses parasitarios externos e internos, para demostrar el esquema de poder construido por los grupos antidemocráticos, para defender el desarrollo nacional de los intereses monopólicos de las transnacionales, para erradicar definitivamente del cuerpo social las lacras de los militares- financistas o empresarios al servicio de intereses antinacionales, para que nunca más se ponga en duda en la Argentina el derecho a la vida, a la integridad física, a la libre expresión personal o por la prensa, el derecho de reunirse y de asociarse, el derecho a la seguridad personal, etc. y para lograr que las FF.AA. se conviertan en la fuerza armada de la democracia.

 

La contradicción principal sólo se superará, pues, venciendo a los enemigos de la Nación, logrando desmontar su funcionamiento como acumulación de sectores sociales y grupos de poder, instaurando un sistema político auténticamente democrático basado en la soberanía del pueblo y estructurando un modelo económico y cultural argentino asentado en sí mismo en lo fundamental, sin perjuicio de vincularse al mundo en lo accesorio.

 

Detectar con claridad a los enemigos nos maca el límite de nuestras alianzas y la diferenciación de nuestras luchas. Con el enemigo hay que luchar, con los aliados hay que concertar. No podemos concertar con la peste financiera, con la corrupción, con la violación de los derechos humanos, con el poder antidemocrático e ilegítimo, con el seguidísimo internacional. Con todo esto tenemos que terminar.

 

Pero a la vez, debemos conservar nuestras diferencias y concertar entre todos los sectores que componen la Nación. No puede haber más enfrentamientos antagónicos entre fuerzas políticas populares entre sí, ni entre civiles y militares comprometidos en la defensa de la Democracia, ni entre industria y campo, por ejemplo. Todos los conflictos que existe y se presentan en el seno del pueblo deben tratarse racionalmente, con predisposición al acuerdo, sin renunciar a legítimos intereses pero comprendiendo la subordinación de todos a la gran empresa nacional.

 

Por supuesto que estos problemas secundarios no pueden ser negados, como si no existieran. Proceder así sería peligroso porque estaría generando el crecimiento de esos problemas. De lo que se trata es de encararlos racionalmente, con la comprensión de su magnitud y con la necesidad de solucionarlos dentro del campo del pueblo por el sistema democrático.

 

Esa es la gran lección que nos da la patria. Nunca más debemos olvidar la diferencia de jerarquía que existe entre el gran problema nacional y los problemas secundarios.

 

El tratamiento de los problemas secundarios, la dinámica interna del campo popular o de la Nación es muy importante, porque es aquí donde debemos delinear el modelo de economía, de política, de cultura, de funcionamiento social. Aquí es donde debemos acordar las pautas de acumulación y de distribución del ingreso, de desarrollo económico inducido, las metas estratégicas en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo internacional. Aquí es donde se expresa aquella afirmación del comienzo de la gran complejidad de la contradicción fundamental en la Argentina.

 

8- Pasos fundamentales para resolver la contradicción principal.

 

Ahora bien, frente a esta gran complejidad es necesario tener perfectamente en claro ciertos requisitos fundamentales de la acción profundamente transformadora a llevar a cabo por el campo popular, acción transformadora cuya finalidad primordial debe ser afectar o atacar estructuralmente los intereses del sistema oligárquico imperialista del antipueblo y llegar a la destrucción de la oligarquía y el imperialismo como clases sociales actuantes en el país.

 

Una política popular quiere la construcción de un sistema económico cuyo móvil no sea el lucro ni el interés monopolista ni la especulación financiera, sino que éste destinado y motivado por la necesidad de producir los bienes económicos, espirituales, culturales y educativos requeridos por las grandes mayorías del pueblo Argentino.

 

Requiere realizar la Reforma Agraria a efectos de aumentar la producción agrícola y crear un mercado de consumo que permita el desarrollo industrial.

 

Requiere la nacionalización del comercio exterior a efectos de que el beneficio dejado por la producción del país se vuelque nuevamente al sistema económico nacional, favoreciendo el autentico desarrollo económico.

 

Requiere la nacionalización del manejo de divisas y de la banca, para utilizar el crédito como palanca de desarrollo.

 

Requiere la nacionalización del petróleo y todo el proceso desde la explotación hasta su comercialización, a efectos de racionalizar la explotación de acuerdo con las necesidades del proceso de desarrollo industrial.

Requiere con ese mismo fin y afectando similares intereses monopólicos, la ferrosa, etc., así como todos los resortes económicos estratégicos (transportes, comunicaciones, etc.)

 

Requiere así como éstas, toda una serie de medidas totalmente contrapuestas con los intereses oligárquicos e imperialistas, y cuya efectivización importará al triunfo del Pueblo Argentino sobre sus enemigos históricos, coaligados en una espúrea conjunción de fuerzas antipopulares. Aquí anunciamos apenas una síntesis esquemática de nuestras principales banderas de lucha.

 

Es el plano político, sin estado de sitio, debemos recuperar la vigencia irrestricta de la soberanía popular y del poder democrático. Debemos reinstaurar el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas en su totalidad. Debemos reconstruir el sistema constitucional integralmente, descentralizando el poder, devolviendo al as provincias sus facultades, jerarquizando el Poder Judicial, prestigiando al Parlamento. Debemos reconvertir al hombre argentino en el pilar sobre el cual se asiente toda la estructura política de la Nación.

 

En el plano económico, debemos delinear un sistema que permita el crecimiento de nuestra economía nacional sin trabas externas sobre la base del autoabastecimiento de los bienes estratégicos (energía, insumos, tecnología, capitales), desmontando totalmente el sistema basado en las finanzas y el lucro parasitario. Debemos incentivar el trabajo productivo, defendiendo la producción nacional de la competencia externa y de los negociados con nuestra producción primaria. Debe retribuirse justamente el trabajo productivo, tanto del asalariado como del productor agropecuario, el artesano y el industrial nacional. El hombre argentino debe ser la base del funcionamiento del sistema económico, que debe estar a su servicio y subvenir a sus necesidades elementales que le garantiza la  Constitución: vivienda, alimentación, salud, vestido, educación, asistencia social, etc.

 

En el plano educativo debemos reconstruir el prestigio de la pública, base formativa para los ciudadanos iguales es derecho que requiere la democracia. Debemos lograr la reasunción por parte del Estado de su responsabilidad en la educación de los argentinos, comprendiendo que sólo la educación pública tiene la obligación y está en condiciones de alcanzar a los niños y jóvenes argentinos los elementos formativos que le garanticen la igualdad de oportunidades. La enseñanza pública debe ser la guía y conducción de la formación de los argentinos y debe ser totalmente gratuita en todos sus niveles.

 

Se debe poner en vigencia nuevamente todos los principios consagrados en la ley 1420, teniendo ordenada y gradualmente a la supresión del aporte del Estado a la enseñanza privada. En la Universidad se deben reimplantar los principios de la Reforma Universitaria de 1918.

 

En el plano de la salud, el Estado debe asegurarla a toda la población (cualquiera sea su condición social, económica, cultural) pues es un derecho social básico. Se bebe instituir una política nacional de educación física y deporte.

 

En e plano cultural, debemos promover el florecimiento de la cultura nacional, derogar y prohibir todo tipo de censura oficial o privada, apoyar los valores autóctonos en todas las artes, fomentar el conocimiento de las técnicas de expresión artísticas para las grandes mayorías y facilitar la llegada de obras y artistas al gran público. Debe apoyarse económicamente a los artistas para fomentar su actividad a la vez promover su difusión. Pero fundamentalmente, debemos comprender que la gran transformación cultural en la Argentina se logrará cuando el pueblo asuma la plena conciencia de su situación de dependencia (de la cual derivan los grandes problemas nacionales) y a través de actitudes concretas se convierta en el protagonista inexcusable en la resolución de los mismos. Para ello es fundamental que el Estado garantice que los medios de comunicación de masas estén al servicio de la democracia y no al servicio del antipueblo.

 

En el plano internacional, debemos recuperar el rol tradicional de la Argentina en América Latina, tendiendo a lograr la unidad del subcontinente en forma progresiva, en los órdenes económicos, político y cultural, así como en la educación de sus pueblos. Debemos tender a presentarnos ante el mundo como un grupo cohesionado y en el futuro como una sola nación con nuestros hermanos de ibero América, sobre la base de nuestros principios tradicionales de no intervención, defensa de autodeterminación de los pueblos, solidaridad con los pueblos del mundo que luchan por su liberación colonial o imperialista e igual jurídica de los Estados.

 

9- Conclusión. Carácter dialéctico de la Contradicción Fundamental.

 

            La contradicción fundamental de la sociedad argentina es, sintetizando, la que enfrenta al antipueblo (oligarquía, imperialismo, burguesía gerencial, etc.) que lucha por mantener su dominación sobre el Pueblo Argentino (trabajadores, clases medias, empresariado nacional no comprometido con el imperialismo) que pugna por su liberación.

 

La resolución de esta contradicción será lograda con el triunfo de las fuerzas populares, la destrucción de la oligarquía y el imperialismo como factores de dominación actuantes en el país y la realización de la Liberación Nacional que rompa los lazos de la dependencia y comience la construcción de un sistema político, económico y cultural independiente, como primer paso hacia la construcción de la sociedad del futuro.

 

En la sociedad del futuro, como en toda sociedad, también habrá alguna contradicción fundamental. Hemos enunciado aquí las generalidades de la contradicción fundamental en la Argentina actual. Pero también debemos ser consientes de que todo proceso social es dinámico y que las características de la contradicción cambian.

 

En la actualidad la contradicción principal tiene características nacionales. Una vez afianzada de la Nación y derrotados definitivamente sus enemigos, la contradicción principal tendrá otras características, otros problemas, otros actores, otra dinámica. Entonces definiremos la realidad nuevamente, detectaremos cuál será la contradicción, analizaremos los sectores sociales que lo motorizan y propondremos su solución.

 

Nuestra guía será la conformación filosófica del radicalismo: el respeto por la dignidad humana, la felicidad del pueblo, el bienestar para todos y la realización de una sociedad justa, libre e igualitaria. Buscaremos la solidaridad y la fraternidad, perseguiremos siempre la meta de la justicia integral y marcharemos tras el ideal de la igualdad de oportunidades para todos los hombres y mujeres.

 

Seguramente la contradicción principal será otra. Pero estudiando la realidad y actuando intensamente en ella podremos ir marcando el camino y recorriéndolo.

 

De nuestra resolución de la actual contradicción fundamental y de nuestro correcto tratamiento de las contradicciones secundarias dependerá que los problemas fundamentales de las próximas etapas históricas argentinas no tengan la gravedad que tiene el presente.

 

J U N T A   C O O R D I N A D O R A   N A C I O N A L

 

Frente Amplio de Jóvenes Radicales Santa Fe JR

NOTA: Este cuaderno es la primera reimpresión de la versión editada en Junio de 1983, sin corrección ni modificación alguna.